Desde que se inició la sucesión de episodios violentos vinculados con la ocupación de espacios públicos, a partir de la toma del parque Indoamericano, el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional estuvo más orientado a cuestionar la acción policial que a llevar tranquilidad a la sociedad frente a la acción de los usurpadores.

Tanto la presidenta Cristina Kirchner como su flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, equipararon en los últimos días la aplicación de la ley con la represión ilegal. El discurso de ambas pareció dar cuenta de que cualquier acción represiva es inviable en la Argentina y de que nuestra Policía Federal no está mínimamente preparada para garantizar el orden público sin recurrir a excesos imperdonables.

Se trató, ni más ni menos, que de una confesión de la incapacidad del actual Gobierno para construir, tras siete años, una fuerza de seguridad profesional y confiable. Y, por supuesto, de una invitación a quienes delinquen a seguir delinquiendo.

El lunes último, probablemente luego de advertir que su imagen personal y la de su gestión estaba cayendo en las encuestas frente a los desbordes en distintos lugares del área metropolitana, la presidenta de la Nación produjo un llamativo cambio discursivo. Al anunciar el denominado Plan Centinela, que llevará unos 6000 efectivos de la Gendarmería al conurbano bonaerense, la jefa del Estado responsabilizó a la Justicia por el drama de la inseguridad y lanzó una elíptica crítica al llamado "garantismo".

Señaló la Presidenta que "muchas veces, las fuerzas de seguridad se ven desanimadas cuando tardan días de investigación en aprehender a alguien que ha cometido un delito y, por uno u otro motivo, los jueces lo dejan en libertad". Expresó también su fastidio por el hecho de que "las cámaras de televisión de todos los canales exhiban con minuciosidad personas que agreden y tiran piedras, y no tengamos ningún pedido de captura" de los jueces.

Efectivamente, las cámaras de televisión mostraron días atrás imágenes de individuos ejerciendo la violencia y exhibiendo armas en el parque Indoamericano, como también registraron más recientemente a quienes incendiaron la puerta del Palacio Municipal durante una manifestación y a quienes buscaron hacer lo propio en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en la Avenida 9 de Julio.

Habría que recordarle a la primera mandataria que no se requiere una orden judicial para detener a alguien que se pasea con un arma de fuego en actitud amenazante por un parque público. Como tampoco se requiere una orden de un juez o un fiscal para detener a quien intenta incendiar un edificio.

Seguramente, el Poder Judicial podrá ser objeto de muchos cuestionamientos. Pero en modo alguno la principal autoridad política de la Nación puede endilgarles a los jueces su propia torpeza. Es tarea de las fuerzas de seguridad -esas mismas en las que la Presidenta ha sugerido que no confía- restaurar el orden público.

No menos estupor provoca ver cómo desde el Estado se recompensa con lotes o subsidios a quienes, en abierta violación de la ley, se apoderaron de predios públicos, como sucedió en los últimos días en Quilmes y como también habría sucedido en el parque Indoamericano.

El anuncio oficial de que los efectivos policiales no podrán utilizar armas durante los operativos frente a protestas callejeras, si bien discutible, no ayuda a la disuasión y es una nueva señal de un Estado no comprometido con la protección del espacio público y de los ciudadanos de bien.

No hay, por cierto, nada de malo en las manifestaciones sociales callejeras mientras se garantice la libre circulación del resto de la población. Pero cierto es que no pocas protestas de ese tipo terminan, en los últimos tiempos, en ataques a la propiedad privada y pública, ante la pasividad de un Estado que, por demasiados momentos, se muestra prescindente o ausente.

Los lamentables episodios de violencia social producidos el jueves pasado en la estación Constitución y sus inmediaciones no ayudaron a la recuperación de la confianza perdida en la autoridad pública. Insólitamente, ningún funcionario previó un final que parecía cantado, tras un conflicto sindical que durante muchas horas había provocado la interrupción de un servicio esencial como el ferrocarril y las consecuentes molestias. Las fuerzas policiales actuaron tardíamente y la prevención brilló por su inexistencia, con los consecuentes desmanes y destrozos, saqueos de comercios y una veintena de heridos. Cuando reina la anomia, el incremento de la violencia social se torna inevitable.

La sociedad argentina exige frente al auge de la delincuencia una firmeza que no se advierte en autoridades nacionales cuyo mensaje resulta muy confuso y está lejos de exhibir la suficiente voluntad para resolver el problema.