Los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y en diversas normas internacionales, han vuelto a ocupar un lugar preponderante en la agenda pública, y sin embargo la orientación y la calidad del debate no parecen ser las más indicadas para favorecer su ejercicio, sino para hacer un uso político de ellos.

En efecto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral anunció que en los siguientes días iniciará el trabajo de campo para consultar a todas las comunidades indígenas que viven en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en cumplimiento de la Ley 222 de consulta previa para la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, si desean o no tener esa vía, que atravesará su territorio.

Irónicamente, esta decisión, que se enmarca en lo dispuesto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2007, en su artículo 32, y en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989, en su artículo 6, que establecen claramente la obligación que tienen los Estados de consultar, es resistida por la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), que cuestiona, no sin razón, el carácter de ‘previa’ de dicha consulta, pues la carretera ya está en construcción; aunque los trabajos en el tramo II, que es el que atraviesa el TIPNIS, han sido prohibidos por una ley anterior, que es la que se pretende defender a costa de impedir la consulta.

En rigor, dicen las autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se está cumpliendo el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados respecto de todo aquello que afecte sus territorios; sin embargo, el año pasado, en la etapa más crítica del conflicto, la Administradora Boliviana de Carreteras explicó que no se había realizado la consulta previa a los indígenas ya que, cuando se iniciaron los trabajos, la CPE que reconoce tal derecho aún no había sido aprobada. Olvidaron entonces las dos normas internacionales antes citadas, y es buena señal que ahora las recuerden y recuperen sus disposiciones.

Lo que no termina de entenderse, en este contexto, es la negativa de la CIDOB, que al mismo tiempo amenaza con impedir por cualquier vía la consulta y afirma que al menos 32 comunidades del TIPNIS se oponen a la construcción de la carretera. Si la correlación de fuerzas es tal, ¿por qué impedir una consulta que sólo puede favorecer a su posición de defensa del parque?

Hay, pues, muchos espacios oscuros en torno a la disputa por la construcción de la carretera y da la impresión de que los discursos y acciones de ambos bandos no ayudan a aclararlos. Los derechos indígenas no debieran convertirse en campo de lucha, a no ser que sea únicamente para afirmarlos y asegurar su plena vigencia.