La SIP hace hincapié en el valor moral intrínseco que constituyen las más de medio millón de firmas de ciudadanos en respaldo de la libertad de prensa, acción demostrativa de solidaridad con los medios informativos en sus expresiones escritas, de radio difusión y televisión. El mismo organismo denuncia también que estos medios se han visto obligados a la censura previa, aunque omite señalar que algún matutino tuvo que eliminar su página de opinión y que por causa de las presiones de una concejala oficialista, un periodista fue destituido para evitar las represalias contra el medio en el que trabajaba.

Frente a esta clara desaprobación, el mutismo más absoluto caracteriza al Gobierno, recurriendo sólo a tildar a la SIP como una reunión de “empresarios” de los “los grandes medios de comunicación”, alrededor de la cual, sin embargo, se asocian más de un millar de órganos de prensa. Esta pretendida descalificación no toma en cuenta que los empresarios de medios hacen parte de la libertad de prensa y como tal les toca reivindicar cuanto atañe a la misma. Oficialmente el empresario es víctima de una rara discriminación en nuestro país sólo por el hecho de ser tal, al extremo de tratar de convertir el término en un estigma o “sambenito” agraviante y por consiguiente discriminatorio.

Las resoluciones adoptadas en el citado cónclave y el empecinamiento de los Órganos del Estado para dejar las cosas en la situación en que se encuentran, proyecta el conflicto más allá de las fronteras hasta internacionalizarlo, con el añadido destacado por un diputado, de que es la primera vez que Bolivia se ve afectada por una censura en materia de liberad de prensa, si bien se debe recordar que en el pasado la pasión política remató en el asalto y destrucción material de órganos de prensa, habiendo merecido también un rechazo global.

Los métodos cambian, pero el objetivo es el mismo: gobernar sin el control de la prensa. La clara conclusión actual es que si internamente los desaciertos se los puede mediatizar con nuevos hechos y con la polémica banal para encubrir los grandes y graves problemas del país, como sucede habitualmente, en cambio, a nivel internacional el Gobierno, sin poder disimularlo, ha perdido un punto vital de una imagen que por motivos llamativos y coyunturales le favorecía.