El llamado «estado social» ha cumplido una etapa positiva para la estabilidad socioeconómica en la Europa de la segunda posguerra. Sin embargo, ya la crisis de los setenta puso de relieve que los recursos nunca son suficientes para atender todas las necesidades y que el desmedido intervencionismo del Estado genera un exceso de burocracia y déficit público. Ahora, las circunstancias son dramáticas, ya que afectan a elementos determinantes, como las pensiones, y pronto podrían alcanzar a las prestaciones sanitarias o educativas que definen la sociedad del bienestar.

Sarkozy afronta con valor un problema complejo frente a una reacción sindical que prefiere seguir mirando a corto plazo, sin atender a las consecuencias futuras. El bienestar generado por la economía social de mercado alcanza ya el límite de sus posibilidades. Es preciso actuar con sentido de la responsabilidad desde todos los frentes —político, empresarial y sindical— para racionalizar el sistema y ofrecer soluciones realistas.

En España, Rodríguez Zapatero actúa tarde y mal, con una evidente falta de convicción en las medidas que se ve obligado a adoptar, porque le han sido impuestas desde las más altas instancias internacionales. Si no fuera presidente del Gobierno, es más que probable que ejercería una oposición sin límites contra esos mismos recortes. No basta con subir los impuestos un día sí y otro también, ni con hacer declaraciones voluntaristas sobre una luz al final del túnel que no se atisba por ningún sitio.

Por supuesto, hay que atender a las señales de alarma sobre el déficit público y tomar las medidas adecuadas. En todo caso, el problema va más allá de una coyuntura particular, puesto que se trata de hacer viables el presente y el futuro de muchos millones de ciudadanos, para lo cual es urgente realizar una correcta evaluación de las necesidades y de los recursos disponibles.