Si las autoridades de Gobierno insisten en dar comienzo hoy a la controvertida “consulta” a los pueblos indígenas asentados en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) sobre la construcción de una carretera entre Cochabamba y Beni que lo atraviese,  esta fecha será recordada, en lo venidero, como el día de una nueva frustración, pues se lo hará en contra de la decisión de comunidades y dirigentes legítimos del territorio y como cesión a las presiones de dos sectores sociales afines al Gobierno, los productores de coca y los colonizadores.

Los antecedentes inmediatos deslegitiman esta consulta. Desde que los pueblos originarios lograron derrotar moralmente al Órgano Ejecutivo en su decisión de defender, a su criterio, el Tipnis, paralizando la construcción de la carretera, el Gobierno ha desarrollado una campaña prebendal y de acoso sin tregua a los dirigentes y las comunidades del territorio. Entre regalos, chantajes y desinformación, han tratado de cooptar la adhesión de la gente ahí asentada para que apruebe la construcción del camino. A estas acciones hay que añadir la invención incluso de nuevas etnias (como la “collacaré”) y la aparición cotidiana de nuevas comunidades a medida que las originalmente cooptadas desistían de su apoyo a las autoridades.

Asimismo, los operadores del Gobierno han desarrollado diferentes técnicas para , por un lado, dividir a las comunidades del Tipnis y, por el otro, impedir el desarrollo de sus actividades a quienes rechazan la construcción y quebrar la unidad de sus organizaciones, utilizando diferentes mecanismos, la mayoría reñidos con las ofertas electorales del MAS. La “realpolitk” se ha impuesto y para ello de nada han valido los principios ni las alianzas.

Es que más allá de la legitimidad que asiste tanto a quienes quieren construir la carretera por el Tipnis como a los que se oponen, lo cierto es que en la Constitución se establece que en estos casos es necesario realizar una consulta libre, informada, de buena fe y de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, norma que las autoridades, primero, rechazaron cumplir y, cuando se dieron cuenta de que eso era imposible, anunciaron acatar pero violentándola al imponer condiciones que de  ninguna manera se adecuan a esos usos y costumbres.

Por lo señalado, hoy podrían romperse los últimos lazos que unieron a los pueblos indígenas del Oriente con el proyecto de cambio del MAS, rompimiento que no sólo afectaría a este partido —ya bastante resquebrajado y burocratizado—, sino que significaría una frustración más del pueblo boliviano en su largo caminar hacia una sociedad democrática en la que realmente se respeten sus derechos.

Para evitar ese extremo y, más bien, se pueda restablecer entre el Gobierno y estos pueblos —y, por el desarrollo de los acontecimientos, el país todo— una nueva alianza democrática,  las autoridades deberían abrirse a la reflexión, suspender esta ilegítima consulta y establecer un espacio de franco diálogo —libre de mezquinas presiones— para encarar con realismo, pero respetando principios y valores, los desafíos que plantea un proceso de desarrollo con equidad, sustentable y armónico.