La historia sobre la legislación anticorrupción continuó su curso y un año después, en 2002, se presentó la primera iniciativa que pretendía incluir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, marcando este punto el inicio de un largo y frustrante camino en el que se ha negado la discusión de no menos de seis iniciativas que pretendían castigar la corrupción, un delito que conlleva, necesariamente, fraude contra el pueblo guatemalteco.

Desde la firma de la Convención hasta el momento han transcurrido 16 años y la prensa ha destapado grandes escándalos de corrupción; entre ellos podemos recordar las privatizaciones, el tráfico de influencias monstruoso en la concesión de obras públicas en todos los gobiernos, las comisiones que han ido a parar a cuentas de funcionarios y hasta el saqueo descarado del erario público en la administración del FRG y Alfonso Portillo.

Una obra con varios tomos se podría escribir sobre la corrupción que ha afectado al país desde entonces, pero apenas unos pocos ex funcionarios han sido procesados no sólo por la falta de voluntad política de perseguir la corrupción, sino porque además no ha existido una ley que permita y obligue al Ministerio Público a perseguir este tipo de delitos.

Nunca está de más recordar que el efecto de la corrupción es doloroso en cualquier país del mundo, pero más en Guatemala, donde cada centavo que se roba al Estado contribuye a que continuemos siendo uno de los países del mundo con mayor desnutrición, donde la salud no llega a todos y nuestros índices en materia de Educación nos mantienen condenados al subdesarrollo y pobreza.

Sin que exista una voluntad auténtica de los diputados, el Congreso de la República se ha visto obligado a iniciar la discusión de la Ley contra la Corrupción y todo parece indicar que no puede haber marcha atrás, al menos no, si los parlamentarios entienden que el clamor popular es muy fuerte y una negación más provocaría un repudio muy fuerte, marcado e incluso focalizado en contra de quienes entorpezcan su aprobación.

La presión social debe continuar en este momento. Es triste que solamente así puedan aprobarse leyes tan importantes como esta, como ya antes ocurrió con las leyes de Acceso a la Información y la de Postulaciones, que solamente avanzaron cuando la sociedad, por medio de sectores representativos, asumió una actitud de fiscalización y demanda ante el Congreso. Esto mismo debe repetirse en esta ocasión.