El 29 de marzo último, el Banco Central de la República Argentina aprobó formalmente el esquema de provisión de 1200 millones de nuevos billetes, que le propuso la Casa de la Moneda a principios de año. Una tercera parte de esos valores, es decir, unos 400 millones de billetes, serán impresos por la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), la continuadora de la impresora Ciccone Calcográfica.

Por sólo esa tarea de impresión, la firma percibiría alrededor de 50 millones de dólares. Es inconcebible que sea adjudicataria de semejante contrato una empresa que está bajo investigación judicial y en serias dificultades legales para obtener el "certificado fiscal" que la habilita a ser contratista del Estado. Ha caído en esa situación a raíz de los incumplimientos tributarios y previsionales.

Razones de prudencia y decoro elementales aconsejan prescindir de los servicios de una empresa sospechada del tal modo. Se ignora hasta el nombre de sus verdaderos accionistas y le otorga más gravedad a ese cuadro la circunstancia de que el Gobierno no haya realizado en forma previa a la contratación una licitación pública nacional e internacional. Eso hubiera permitido por lo menos cumplir con la necesidad elemental de evaluar propuestas y costos.

El sentido común alienta a despegarse de una imprenta que solucionó todos sus inconvenientes judiciales de una manera que no reconoce antecedentes y en tiempo récord. Numerosos indicios graves y concordantes apuntan a que fue favorecida por la influencia del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Pero el gobierno nacional, tal cual nos tiene acostumbrados, ha preferido tomar una decisión que choca contra la legalidad, la lógica y la transparencia de la que debe estar imbuida la gestión pública.

Lo señalado es un eslabón más entre muchos actos realizados por el Gobierno a lo largo de estos años y que se han caracterizado por ir a contramano de la razonabilidad que se espera de los mandatarios de la voluntad popular. Así, por ejemplo, ante cada pedido de renuncia de un ministro o funcionario por acciones indebidas, el Poder Ejecutivo se ha ocupado de apañar a la figura en controversia.

En su obcecación, el oficialismo prefiere contradecir antes a la oposición que reclama correcciones o al medio periodístico independiente que afirma hechos innegables de la realidad, que reconocer un error, por grave que fuere. Para no dar el brazo a torcer, se consuman hechos lamentables en los que las autoridades creen percibir una victoria, en lugar de lo que tantas veces constituye una patética manifestación de degradación republicana.

Con el escándalo judicial desatado por el fraudulento manejo de los fondos públicos por parte de la organización Madres de Plaza de Mayo, tan distante desde hace tiempo de las trágicas razones que motivaron su fundación, ha sucedido algo similar al caso Ciccone. Se entregan fondos a una entidad que ha expuesto una pésima administración del dinero de todos.

También con respecto a la altísima inflación que tiene el país y que percibe la ciudadanía, el Gobierno ha preferido no sólo ignorar las evidencias al insistir en índices adulterados, sino que también ha perseguido con temeridad a consultoras y periodistas que sólo exponen una verdad incuestionable.

Es de esperar que el Gobierno asuma de una vez la obligación de gobernar con criterios de transparencia y responsabilidad, no haciendo de sus supuestas luchas contra los medios, los opositores, los inversionistas y las instituciones extranjeras de las que la Argentina es miembro, un problema que afecte a todos los argentinos. Dejar, pues, sin efecto la contratación de la ex Ciccone sería un punto de partida para comenzar a avanzar en la buena dirección.