El bloque de senadores del kirchnerismo, finalmente, decidió por orden de la presidenta de la Nación la postergación del tratamiento de los pliegos de ascenso de militares, entre los cuales se destacaba el del cuestionado general César Milani, aunque éste seguirá en su puesto de jefe del Ejército, en el que fue recientemente designado.

Ni las denuncias que sobre Milani recaían acerca de supuestas violaciones de los derechos humanos, ni las dudas en torno de su fuerte crecimiento patrimonial, ni las desafortunadas declaraciones públicas del militar en las que sostuvo que el Ejército debía servir a un proyecto partidista aconsejaban su ascenso a teniente general. Tampoco ameritarían, claro está, su continuidad al frente del Ejército.

Aunque era un secreto a voces que el bloque oficialista de senadores iba a encontrarse en serias dificultades para aprobar el pliego del militar, sus autoridades se escudaron, al comunicar su determinación de la postergación, en la supuesta existencia de una desnaturalización del procedimiento con claras intenciones electoralistas y en la necesidad de preservar a las Fuerzas Armadas de convertirse en objeto de una disputa electoral.

Se trata de una suma de argumentos vergonzantes que encubren el grave error de la Presidenta de promover a un militar que no reúne las condiciones requeridas para conducir al Ejército.

Cabe preguntarse si, al propiciar la designación de Milani, realmente la jefa del Estado careció del adecuado asesoramiento y de la necesaria información sobre su turbio pasado y presente, o si hizo caso omiso de los datos existentes y se dejó llevar por un cálculo según el cual la figura del nuevo jefe del Ejército le garantizaría una fuerza al servicio de las necesidades políticas del Poder Ejecutivo. Estaríamos, en este caso, ante un doble estándar en materia de derechos humanos, que implicaría que quien es funcional al proyecto de poder kirchnerista no merecería objeciones pese a que esté acosado por innumerables sospechas.

No ha sido el criterio seguido para poner a Milani al frente del Ejército el que se empleó a la hora de rechazar en los últimos años no pocos ascensos de jóvenes oficiales que, pese a desarrollar su carrera militar íntegramente en el período democrático y contar con fojas de servicio intachables, pagaron injustamente las consecuencias de tener parientes directos que en los años del régimen militar participaron de la represión de las organizaciones terroristas. La simple portación de apellido, como consignamos oportunamente en esta columna editorial, se convirtió para esos oficiales que vieron frustrada su vocación y su carrera en una suerte de delito genético.

Que el gobierno de Cristina Kirchner haya pretendido hacer la vista gorda frente a los antecedentes de Milani, que incluyen su participación en recordados alzamientos carapintadas durante los años 80, confirma el tratamiento asimétrico y arbitrario que el kirchnerismo le ha dado a la cuestión de las promociones militares.

No sólo ha tenido este gobierno una visión muy parcial en su política de derechos humanos, al perseguir los crímenes perpetrados desde el Estado pero no hacer lo mismo frente a las atrocidades de las organizaciones terroristas, sino que ahora descubrimos que entre los militares que habrían cometido excesos existirían algunos que son decididamente protegidos por las autoridades nacionales.

En principio, la Presidenta, como de costumbre, ha doblado su apuesta y ha decidido conservar a Milani en el cargo de jefe del Ejército, tal vez esperando que el tiempo cure las heridas políticas que le ha infligido el escándalo y que el tema pase al olvido antes de las elecciones legislativas de octubre. Debería preguntarse sobre los riesgos de tener al frente de una de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, del área de inteligencia de ésta a un hombre que no sólo ha quedado desprestigiado ante la sociedad, sino que podría terminar en la cárcel dentro de algún tiempo, por lo que podría recurrir a cualquier artificio para evitar ese destino.

Muchas más preguntas caben sobre este particular. Basta recordar que Milani arribó al cargo de jefe del Ejército después de ganarse la confianza del Poder Ejecutivo por sus labores en las áreas de inteligencia de esa fuerza, que es la que mayores incrementos presupuestarios recibió en los últimos años, llegando a los 300 millones de pesos por año, de los cuales no habría pormenorizadas rendiciones de gastos y sobradas sospechas sobre su empleo. ¿Sabrá Milani algunas cosas molestas para el poder político que le aseguran su continuidad al frente del Ejército? ¿O necesitará el gobierno kirchnerista de alguien como Milani para conducir un ejército de espías a su servicio?