A pesar de las reiteradas advertencias y reclamos sindicales, ni la Nación ni la Provincia tomaron las medidas adecuadas para mejorar las condiciones de trabajo y en 2004 se produjo un siniestro que costó la vida a 14 mineros. Según diversas evaluaciones, inclusive oficiales, las condiciones de seguridad del yacimiento siguen siendo deficientes.

Aquella tragedia de Río Turbio fue consecuencia de un serio déficit de las administraciones provincial y nacional, ambas gobernadas por el kirchnerismo. El recuerdo de esta experiencia reclama, por lo tanto, una revisión de las condiciones imperantes en los yacimientos y, considerando las fallas de la acción pública en la materia, con la participación de técnicos de organizaciones civiles y universitarias.