No cabe duda que la corrupción en la administración pública, en las formas más diversas en que se manifiesta, es una de las principales razones por las que Honduras es uno de los países más pobres y, ahora, también es el de mayor ingobernabilidad.

La cuestión es que los corruptos y los corruptores de la administración pública no solo le restan directamente al Estado los recursos que se necesitan para promover el desarrollo económico y social, y para ayudar a los más necesitados, sino que también impiden que otros ayuden porque dañan la imagen del país y sus instituciones.

Hasta ahora la lucha contra la corrupción no ha dejado de ser más que un eslogan de campaña electoral. Y si a veces aparece es en el marco de la lucha de intereses particulares o de grupo, pero nunca con el genuino propósito de adecentar la administración pública.

Muchos conatos de lucha contra la corrupción terminan en "misas negras" entre gurús de grupos poderosos donde no falta el chantaje y nuevas reparticiones y en las que quien tiene en ese momento las riendas del poder se compromete a dejar tranquilo al otro a cambio de que en el futuro el favor le sea devuelto directamente, a sus parientes o a otro miembro de su cártel.

En los casos más sonados y en los que más se ha avanzado, ya que los ladrones del erario han sido puestos a la orden de la justicia, tampoco se ha llegado a torcerle el brazo a la impunidad; ya que los organismos encargados de combatirla también han estado al servicio de los poderosos y siempre se encuentran mecanismos ya sea para desestimar los casos o repartir sobreseimientos y cartas de libertad. Ni siquiera la condena social ha funcionado hasta ahora.

Allí tenemos a connotadas personalidades, exhibidas incluso internacionalmente como corruptos, que se pavonean como grandes señores en los círculos sociales, políticos y empresariales. Algunos incluso pontifican no solo sobre cómo deben conducirse los destinos del país sino hasta cómo combatir la corrupción misma, con una desfachatez que solo se explica en la seguridad de que su impunidad está garantizada.

Por lo pronto, esperemos que los actuales operadores de justicia encuentren los documentos extraviados de Casa Presidencial, que prueben la corrupción denunciada y que emitan los castigos correspondientes. No se les debe permitir a los corruptos de toda laya y de todos los tiempos seguir disfrutando de la impunidad y de los bienes saqueados a este empobrecido pueblo.