Como todo lo que en Estados Unidos atenta contra los derechos humanos despierta en Europa una emoción fingida o real –desde el asesinato de George Floyd, hasta el movimiento Me Too, pasando por esta decisión del Tribunal Supremo–, las manifestaciones públicas en Europa se hacen eco, con más o menos buena fe e inteligencia, de lo que está pasando allí. Sabemos que el movimiento Black Lives Matter y el Me Too en particular han sacudido, y con razón, la inercia europea sobre el racismo cotidiano y el acoso sexual que con demasiada frecuencia queda impune. Tras la denominada sentencia del caso Dobbs contra Jackson, la gente se ha manifestado en toda Europa para mostrar su solidaridad con las mujeres estadounidenses amenazadas por la nueva jurisprudencia y reafirmar el derecho al aborto en Europa, cuando es legal en todas partes y no está amenazado en ninguna, con la singular excepción de Polonia.

Pero, ¿realmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha prohibido el aborto? No. Ha revocado una decisión anterior, aprobada en 1974 (Roe contra Wade) que prohibía prohibir el aborto. Aquel año, Estados Unidos se convirtió en el primer país occidental donde el aborto se convirtió en un derecho, cuando hasta entonces había sido un delito. Este derecho no se ha anulado: los jueces solo han declarado que, al no hablar la Constitución sobre el aborto, no puede ser promulgado como un derecho protegido por esta Constitución. Por lo tanto, corresponde a los parlamentos de cada estado decidir si legalizan o no el aborto y establecer las reglas de aplicación como mejor les parezca. Y esto es lo que está pasando: algunos estados liberales, como Nueva York o California, acaban de ampliar el período durante el que el aborto es legal (mediante cirugía o medicamentos) mientras que los estados conservadores, Texas o Florida, por ejemplo, restringen el acceso al aborto mediante limitaciones que equivalen a una prohibición no reconocida.

Esto nos lleva a comprender mejor el papel de la Constitución, del Tribunal Supremo y de los estados. Lo que deciden los estados es más importante para los estadounidenses, en su vida cotidiana, que lo que decide el Gobierno federal; la vida social, política y fiscal en Estados Unidos es ante todo local. Por lo tanto, el aborto acaba de volver al ámbito local, lo que obliga a las mujeres que lo deseen a cambiar de estado si es necesario. Si el Tribunal Supremo lo decidiera mañana, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo también podría reducirse a una regulación estatal, local y no ya nacional. Cuando se vive en Estados Unidos –como yo, en parte– lo que importa es la vida local, mientras que Washington está muy lejos y es relativamente indiferente, más allá de la obligación de pagar un impuesto federal sobre la renta y luchar en la guerra.

El Tribunal Supremo, visto desde Europa, es tan incomprensible e impredecible como el federalismo. Sus jueces, al ser cargos vitalicios nombrados por el presidente en ejercicio, según criterios tanto partidistas como de cualificación jurídica, suelen estar desfasados con la mayoría en el poder. Este es el caso actualmente, ya que el presidente es liberal y los jueces son en su mayoría conservadores; tres de los nueve fueron designados por Trump. Esta misma desgracia le ocurrió a Franklin Roosevelt, cuyas iniciativas económicas, el New Deal, fueron anuladas sistemáticamente por el Tribunal Supremo de la época. El Tribunal, de hecho, es un contrapoder, que es lo que querían los redactores de la Constitución en 1787. Estos Padres Fundadores, acosados por el riesgo de la tiranía, multiplicaron en su texto los contrapoderes. El Gobierno estadounidense a menudo se encuentra paralizado, que es lo que se pretendía.

Pero, ¿cuál es el contrapoder del Tribunal Supremo? No hay ninguno aparte de la propia Constitución. El Tribunal solo puede juzgar basándose en el texto de la Constitución, que en Estados Unidos es sagrado, el evangelio de la fundación. Pero, como todo texto sagrado, la Constitución se presta a interpretaciones variadas: los jueces conservadores la interpretan literalmente, mientras que los liberales adoptan una lectura simbólica. Así, a lo largo de la historia de Estados Unidos, el Tribunal ha podido, al amparo de la Constitución, avalar la segregación racial, ya que el texto original no prohibía la esclavitud, y luego prohibir esta misma segregación interpretando la Constitución a la luz de la sociedad moderna. Estas vacilaciones legales y partidistas continuarán.

Pero lo más extraño, visto desde Europa, es lo que está en juego en estas controversias, todas con connotaciones religiosas. Igual que en Europa, la vida política estadounidense enfrenta a la derecha y la izquierda, pero estos términos no abarcan el mismo contenido al otro lado del Atlántico. En Europa, la izquierda es socialista, mientras que en Estados Unidos el socialismo es inexistente. La izquierda demócrata estadounidense es ante todo liberal en el sentido europeo. La derecha republicana es ante todo conservadora y religiosa, en el sentido estadounidense, seguidora de un cristianismo fundamentalista, denominado evangélico, sin equivalente en Europa.

Tengan en cuenta que el 90 por ciento de los estadounidenses afirma que reza al menos una vez al día y el 60 por ciento asiste a la misa dominical. La mitad de los estadounidenses creen haber tenido a lo largo de su vida una experiencia religiosa (un encuentro con Cristo, por ejemplo) que ha cambiado el curso de su existencia. Si no se conoce esta religiosidad estadounidense y no se sabe que la Constitución está basada en antipoderes, no es posible entender por qué la política estadounidense, interna e internacional, es teológica antes que política o económica.