Yo haré lo que el gobierno decida", dijo el ministro de Defensa, José Bono, de quien se espera que -en esa condición- viaje a Caracas para firmar los acuerdos. Bono es considerado uno de los ministros con más independencia del elenco gubernamental.

Durante una visita a Caracas en marzo último, Zapatero acordó la venta de ocho lanchas patrulleras y doce aviones de transporte al gobierno chavista.

La operación, que implica 1700 millones de dólares y requiere dos años para completarse, fue primero vista con desagrado por Estados Unidos, que hace 48 horas elevó el tono y, a través de su embajador en Madrid, expresó frontalmente su deseo de que "nunca se lleve a cabo".

"Una venta tan enorme podría ser factor de desestabilización" en América latina, dijo el embajador Eduardo Aguirre. El diplomático -nacido en Cuba- aseguró también que Washington no desea que Hugo Chávez "exporte la revolución bolivariana" por la región.

Con esta cadena de hechos, funcionarios del gobierno socialista se apuraron a desmentir todo incidente. "No hay por qué inquietarse. La venta de material militar a Venezuela es sólo una cuestión entre empresas. Y no tiene por qué afectar la relación bilateral", dijo el canciller español, Miguel Angel Moratinos.

En la misma ocasión, el canciller se mostró incapaz de responder por eventuales trabas a la operación. Entre ellas si -como previno el embajador Aguirre- Washington podría llegar a vetarla por involucrar elementos de tecnología norteamericana en el equipamiento de algunas unidades. "Ignoro si eso impediría la ejecución del contrato" con Chávez, dijo el ministro.

La clausura de la operación puede fijar un nuevo horizonte en las relaciones hispano-norteamericanas que, desde el inicio de la gestión de Zapatero redundó en acciones desacomodadas y casi inexpertas desde el punto de vista internacional. Este negocio pactado por Chávez y Zapatero profundiza la distancia originada entre los dos gobiernos.