El pasado 28 de abril el presidente Felipe Calderón dijo: “La autoridad debe investigar y en el caso de que haya evidencias de implicaciones criminales de políticos, de cualquier partido, se debe actuar... Yo he actuado y lo he hecho contra políticos del PRI, PAN y del PRD y otros partidos porque así tiene que ser, siempre y cuando haya las evidencias que sustenten la acción de procuración de justicia”. Se ha hecho esa investigación con el gobierno perredista de Michoacán, con algunos alcaldes y miles de policías municipales en diversos municipios. Pero después de decenas de averiguaciones previas en la PGR y unos cuantos escándalos mediáticos no se perciben mayores incentivos o garantías para que un ciudadano honesto se postule a un cargo de elección popular en un municipio controlado por el narcotráfico. 

Los gobernadores no lo han hecho mejor que la administración federal. Por su enorme influencia en las débiles estructuras municipales tendrían que ser los primeros interesados en evitar la infiltración de las mafias en sus territorios. 

No es válido el pretexto de que la delincuencia organizada es un delito del fuero federal, ya que sin el apoyo de las entidades, el gobierno central es incapaz de poner orden en todos los rincones del territorio nacional 

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si las autoridades estatales podrían hacer algo más para evitar la contaminación criminal. 

Estamos ante un círculo vicioso en que, por intimidación, los políticos locales no actúan, lo cual conlleva que los narcos aumenten su poder en la vida pública y escalen en las esferas gubernamentales. 

De no romperse esta cadena de intimidación llegará el punto en que algún partido político no pueda presentar a un candidato a gobernador que no esté coludido o haya sido amenazado. Entonces sí sería demasiado tarde.