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04/03/2009 | EE.UU. - la mira en la seguridad de México

Jorge Fernández Menéndez

En las últimas semanas, el tema del narcotráfico y la violencia en México ha ocupado numerosos espacios en la política y en los medios estadunidenses, no sólo porque la administración de Obama debe comenzar a ocupar parte de su tiempo en México y en América Latina, sino también porque la violencia ha comenzado a trascender la frontera: Phoenix, Arizona, es hoy una ciudad con tantos secuestros como la peor urbe mexicana, 400 denunciados sólo en 2008.

 

Los criminales viven y también han comenzado a operar del otro lado de la frontera y el tema se ha hecho visible. A ello ha contribuido la llegada del procurador Eric Holder, quien además de tener una buena y antigua relación con Eduardo Medina Mora, es también un hombre que en la administración de Clinton logró imponer leyes que evitaron la venta de armas largas, de combate, a los ciudadanos, una disposición abolida a principios del segundo periodo de Bush en la Casa Blanca y que tiene una estrecha relación con la explosión de violencia que hemos vivido en estos años.

Lo cierto es que, en los últimos días, desde diferentes puntos de vista, algunos quedándose en la anécdota, otros yendo al fondo de los problemas, muchos medios estadunidenses, desde el Wall Street Journal hasta el programa de televisión 60 Minutes se han ocupado con amplitud del tema y apenas el domingo el secretario de la Defensa estadunidense, Robert Gates, lo abordó, también en un programa televisivo.

Gates alabó la lucha seguida por México y ofreció colaboración. La misma existe en niveles muy altos desde el inicio del gobierno de Calderón y se ha ido consolidando con el paso de los meses: habrá que refrendarla con la nueva administración. En ese sentido, el comentario de Gates es importante por dos razones.

Primera, porque buena parte de esa colaboración operativa debe provenir, necesariamente, de ejército a ejército. Y, tradicionalmente, existe, entre ambos, un margen de distancia lógico pero también desconfianzas que se supone están en trance de ser superadas.

Y, segunda, íntimamente ligada a lo anterior, porque, en la actual dinámica de la lucha contra el narcotráfico, el Ejército Mexicano y la Marina juegan un papel fundamental en el enfrentamiento directo a los cárteles, mientras asistimos a un próximo reordenamiento de prácticamente todo el esquema de seguridad en nuestro país.

En este sentido, el Ejército tendrá, tiene ya, un papel fundamental en la operación y la inteligencia. La Secretaría de Seguridad Pública va a participar en los operativos y en el trabajo cotidiano, como lo viene haciendo hasta ahora, pero deberá concentrar muchos de sus esfuerzos en crear precisamente la policía federal que el país requiere: en el área operativa, la llegada del general Javier del Real busca una mayor coordinación con las Fuerzas Armadas.

Se echarán a andar los cambios aprobados constitucional y legalmente en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y desde allí se va a coordinar, política e institucionalmente, el proceso con estados y municipios y también dentro de la estructura de gobierno.

El área quedará, con amplios márgenes de autonomía, pero bajo el paraguas institucional de la Secretaría de Gobernación. Si no existen cambios de última hora, con el respaldo de los gobiernos estatales, allí llegará Jorge Tello Peón. Todo indica que la PGR tendrá un papel mucho más protagónico que hasta ahora y que de alguna forma Medina Mora, según ha ocurrido en las últimas semanas con muchos medios, será, además, algo así como la voz del gobierno en estos temas.

Según fuentes legislativas, saldrán las leyes de policía y de PGR y ésta va a conservar la posibilidad de contar con fuerzas de investigación propias, aunque se extenderá esa atribución a las federales.

¿Por dónde pasaría la cooperación con Estados Unidos? Por capítulos que ya hemos visto cómo han comenzado a dar algunos resultados: frenar la venta de armas a México, romper las estructuras de operación de los cárteles del otro lado de la frontera, obstaculizar los procesos de lavado de dinero y por ende de financiamiento de las estructuras criminales.

Y desde la óptica estadunidense, recuperar el control de una franja fronteriza que, de su lado, también está siendo vulnerada. Para ello se requiere cooperación, sobre todo en el intercambio de inteligencia y en la operación. Y se supone que en eso se está trabajando.

Y cuando Estados Unidos está tratando de regresar a su agenda interna después de la aventura en Irak, el que los medios pongan la atención en el tema de la violencia en México no resulta malo, siempre y cuando se pueda destacar en ese proceso informativo que nuestro problema es también el suyo, un punto de su agenda interna.

En este sentido, se ha insistido en las últimas semanas en que ha pasado más de un mes desde la salida de Tony Garza de la embajada estadunidense y no ha sido nombrado su sucesor. En los hechos se manejan varios nombres, pero ninguno ha sido confirmado.

No tiene nada de extraordinario: Obama no ha concluido siquiera de designar por completo a su gabinete y el proceso de aprobación en Estados Unidos, para muchos cargos, es lento. Ha habido cambios de administración en que el nombramiento tardó casi un año. Pero, además, la embajada mexicana, para Washington, es una posición política importante.

No descarte usted ver como próximo embajador a alguna figura con peso político propio con Obama (como lo tenía Garza con el presidente Bush). Se habla, incluso, de la posibilidad de que el futuro embajador pudiera ser el ahora alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, lo que le daría a la relación bilateral una perspectiva nueva.

Vienen tiempos de muchos cambios en la misma y en buena medida se van a medir por los aciertos y la colaboración en temas de seguridad. Por allí se terminarán valorando las posibilidades económicas, financieras y de otros ámbitos.

Excelsior (México)

 


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