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02/05/2013 | Mexico - La justicia quiere moverse

Jorge Fernández Menéndez

Sin duda uno de los ámbitos donde mayor rezago ha existido en los últimos años, en el terreno institucional y de seguridad, ha sido en la procuración de justicia.

 

Falla el sistema de justicia y el penal en su conjunto, lo hace en el espacio federal y mucho más en el local. A la falta de implementación del nuevo sistema de justicia penal, basado en la oralidad de los procesos, se ha sumado un creciente abandono de la PGR (y de las procuradurías en general) que genera un círculo vicioso que se traduce no sólo en la liberación de detenidos que hubieran podido ser responsables o no de presuntos delitos (lo que se podría aplicar, tanto a Florence Cassez como al general Tomás Ángeles o al ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano), sino a la población en general. No nos cansaremos de insistir en la cifra porque es la más palpable demostración del fracaso en la seguridad y la justicia: 98% de los delitos denunciados (no de lo cometidos, sino de los denunciados ante un ministerio público) quedan impunes, incluyendo, por supuesto, la mayoría de aquellos que más impactan en la opinión pública.

En este contexto hay varias novedades que deben atenderse. Por una parte, el anuncio del procurador Jesús Murillo Karam para la renovación de la PGR. Es una tarea imprescindible, pero habrá que recordar que la misma no debe ser sólo en su estructura, sino también en la forma y en el fondo, desde una renovación tecnológica completa (sus sistemas son evidentemente obsoletos) hasta de personal, pasando por la reconstrucción de una policía ministerial (o una redefinición sobre su viabilidad) que sea cada día más investigadora y que se base en métodos realmente científicos. Hoy es inoperante y está rebasada por la propia realidad. Pero lo importante es que existe consciencia para hacerlo y se debe hacer rápido, porque sin ese eslabón el nuevo sistema de justicia (de por sí muy lejos de tener avances significativos en el país) simplemente no puede funcionar.

Relacionado con ello, otro punto importante es que por fin en el Senado se ha dado el visto bueno a la elaboración de un Código Penal único, una vieja demanda de las organizaciones de la sociedad civil en el que no se ha podido avanzar, sobre todo, por la resistencia de los estados, del propio sistema de justicia y hasta de abogados que prefieren un código balcanizado que les otorga, a todos, un margen mayor de operación, pero que garantiza también mayor impunidad. Habrá que ver cómo se elabora y cuánto se tarda en salir el Código Penal único.

También se analizó en el Congreso la figura del arraigo. El lunes, en un foro sobre derechos humanos, representantes de Human Rights Wacht y de Amnistía Internacional México insistieron en la eliminación de esa figura que identifican como un sinónimo de violación de los derechos humanos. En distintos ámbitos se opina lo mismo, al igual que se insiste en la desaparición de los llamados testigos protegidos o colaboradores, sobre todo después de los sonados fracasos que ha habido en casos muy importantes. Es políticamente correcto plantearlo, pero sería un error perder esas dos opciones sobre todo en la lucha contra la delincuencia organizada: en todos los países que han tenido que enfrentar este tipo de desafíos se han tenido que utilizar figuras similares. El problema es cómo se utilizan, qué regulación tienen, quién las controla. El arraigo no puede prolongarse durante meses, debe ser una medida coyuntural que se puede y debe aplicar en casos muy específicos, fuera de la discrecionalidad de alguna autoridad. Las reformas en el Congreso parecen encaminadas en ese sentido.

Los testigos protegidos son útiles, pero lo son cuando sus dichos se pueden confrontar con pruebas: sin pruebas que les den sustento, las declaraciones de los testigos protegidos no deberían servir como base para una acusación penal. Pueden ser útiles para la investigación en sí, para obtener esas pruebas, pero la declaración de un delincuente que busca beneficios a partir de sus acusaciones no puede convertirse, por sí sola, en un elemento probatorio de un presunto delito. Es otra figura que se debe regular, que debe tener límites mucho más estrictos y una utilización más clara y definida.

Con todo, la buena noticia es que el pesadísimo barco de la justicia pareciera que por fin se está moviendo, aunque sea lentamente y mientras se quejan todos sus engranajes e instrumentos y aún le falta mucho para desplegar velas. Esperemos que algún día salga a la mar.

Al margen, otra buena noticia: la designación de Alejandro Ramos Esquivel como nuevo director de la agencia Notimex. Alejandro es un gran periodista y director editorial (lo demostró durante años en El Financiero), una mejor persona aún y le dará a la agencia el perfil público, abierto, verosímil, que requiere.

Excelsior (México)

 


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