No recuerdo un presidente que haya recordado a Maquiavelo en un Informe de Gobierno, pero la cita de Andrés Manuel López Obrador fue oportuna: un gobernante necesita virtud y fortuna. Y el mandatario sin duda las ha tenido: tiene la virtud de la persistencia en sus objetivos y la fortuna de que, más allá de las diferencias sobre sus políticas públicas, la valoración que se hace de su gestión sigue siendo positiva.

El Informe de Gobierno describe perfectamente su personalidad. La insistencia en la moral, el alma, el bienestar, el optimismo, la dicha, la honestidad no son simples apoyos discursivos, son principios fuertes, dignos del mejor predicador. El Presidente predica y se puede diferenciar con transparencia lo que le escribieron sus colaboradores, lo que escribió él y obviamente lo que improvisó, muchas veces en forma coloquial, algo también inédito en un Informe presidencial.

En la prédica presidencial hay dos ejes que se han convertido en el verdadero sentido último de este gobierno: la separación del poder político del económico, y la rectoría económica del Estado. Ésa es la gran diferencia de esta administración con las de los últimos 36 años. El Presidente suele poner esa distancia en la corrupción (en realidad los gobiernos de Echeverría y López Portillo fueron mucho más corruptos que los posteriores, quizás con el de Peña Nieto disputándole esa posición) pero la diferencia ideológica y operativa central es ésa. A partir de esos principios, separación de poder político y económico, y rectoría del Estado, se acomodan todas las políticas públicas. No se canceló el NAIM por sus costos o para proteger a las aves, sino para dejarlo claro desde antes de asumir el poder.

Eso le permite poner una distancia con el pasado y colocar sus propios límites operativos. Y eso es lo que genera también los apoyos (la rectoría económica del Estado es un principio revolucionario que nutrió a generaciones desde los libros de texto gratuitos) pero también la desconfianza e incertidumbre. ¿Hasta qué límite el poder político subordinará al económico?¿en qué medida la rectoría del Estado se impondrá a las leyes del mercado? ¿cómo se puede felicitar al mismo tiempo a Slim y a Bartlett si sus posiciones son francamente antagónicas? Sobre esos principios, el Presidente reparte, premia y castiga. Se dice afortunado de que los empresarios sigan invirtiendo en México, que paguen sus impuestos, que le den apoyo y luego dice que los conservadores y neoliberales (me imagino que esos mismos empresarios) están “moralmente derrotados” y “fuera de quicio”.

El discurso es impecable cuando exhibe sus conceptos programáticos. Comienza a mostrar fallas cuando se debe aplicar a través de las políticas públicas.

Sin duda, como aseguró, la seguridad es su mayor desafío y la herencia del pasado no se puede desconocer. Pero en nueve meses, el gobierno no parece tener una estrategia precisa para atender el fenómeno: mejorar las condiciones de vida, tener un gabinete de seguridad a las seis de la mañana, buscar a los jóvenes de Ayotzinapa no constituye una estrategia de seguridad, no alcanza para garantizar que se va a “serenar y pacificar México”. La creación de la Guardia Nacional es un acierto, pero en lugar de felicitar a los gobernadores, les tendría que haber recordado que sin una profunda reforma de las policías estatales y municipales no se recuperará la seguridad.

Se reconoció que el crecimiento económico es insuficiente, pero no es menos importante que la distribución. Estamos hablando de distribuir riqueza y no pobreza. Y la riqueza surge del desarrollo y la inversión. Sin ellas, no hay futuro. El Presidente reseñó una impresionante serie de programas sociales: cinco de cada diez familias mexicanas reciben hoy uno o varios apoyos. Pero lo cierto es que los mismos suman mucho más que los ahorros presupuestales y, sin crecimiento y sin un incremento de la recaudación, no se los podrá mantener. No es un secreto, ya sucedió en Brasil con Dilma Rousseff, en Argentina con Cristina Fernández, en forma infinitamente más dramática en Venezuela.

El Informe confirma que la agenda para avanzar en uno u otro sentido, para conservar “la virtud y fortuna”, de la que hablaba Maquiavelo es corta y precisa: garantizar la seguridad, la pública y la jurídica; impulsar las inversiones nacionales y extranjeras, y lograr que el crecimiento sea lo suficientemente fuerte como para garantizar sus programas sociales sin devorar con ellos el presupuesto nacional. Con esas tres premisas, más allá de diferencias políticas e ideológicas, se puede trabajar sobre una base común con la enorme mayoría de los mexicanos.