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03/09/2009 | México - La hora de la economía

Jorge Fernández Menéndez

La seguridad ha sido el eje rector de la administración de Felipe Calderón en estos tres años. Su necesidad era clara: cuando inició este gobierno la falta de control sobre amplios territorios era inocultable y, además, la violencia se había disparado en varios puntos del país. Y no existía, en términos estrictos, una estrategia para enfrentar una nueva coyuntura en materia de crimen organizado, caracterizada por la ruptura de los cárteles, la modificación de sus zonas de influencia y la búsqueda de mercados más amplios para el consumo.

 

La estrategia implementada era la única posible: establecer operativos que buscaban recuperar control territorial, pero sobre todo comenzar a establecer algún tipo de control institucional en un contexto en el cual las policías estatales y municipales habían sido completamente rebasadas y cooptadas por el crimen. Pero para hacerlo no se contaba con ninguno de los instrumentos imprescindibles para responder en el largo plazo: no había una policía federal con capacidad de despliegue nacional; el Sistema Nacional de Seguridad Pública había sido prácticamente aniquilado durante la administración Fox; en términos institucionales tampoco se habían creado los instrumentos idóneos: durante el gobierno de Fox se tomó la muy errada decisión de separar la seguridad de Gobernación y, en los hechos, nunca existió una buena cooperación entre las distintas áreas de seguridad. El periodo de Gertz Manero en seguridad estuvo caracterizado por el enfrentamiento con el procurador Macedo de la Concha y la desconfianza del Ejército. Se llegó al primero de diciembre de 2006 en una situación crítica en el área, marcada además, por la decisión de haber desplazado las fuerzas de seguridad hacia otros puntos críticos: el levantamiento en Oaxaca y el control poselectoral de las ciudades después de la elección, dejando un amplísimo terreno libre al crimen organizado.

Han pasado tres años y en ese ámbito, a pesar de ser el centro de acción del gobierno federal, hay muchísimo por hacer aunque existan avances indudables. Pero el enfrentamiento con el crimen organizado resultó ser mucho más complejo, doloroso, violento, de lo que se pensó originalmente. Tampoco la coordinación institucional fue tan eficiente y, sobre todo, la estrategia federal se quedó sin un segundo piso cuando el golpeteo a los cárteles llevó a éstos a participar activamente en otros ámbitos criminales, como el secuestro y la extorsión que debían ser combatidos por fuerzas locales que, simplemente, no estaban capacitadas para hacerlo.

Pero si hace tres años no se hubiera actuado como se hizo, la situación actual en el terreno de la seguridad sería mucho más delicada: sencillamente no se contaría con instrumentos legales e institucionales para, siquiera, hacerle frente. Eso ha costado, es verdad, 11 mil muertos, pero esa ola de violencia, ese número muestra la penetración lograda por los grupos criminales y también la magnitud del enfrentamiento entre los propios cárteles, porque de allí salen la mayoría de esos 11 mil muertos.

¿Debe cambiar la estrategia de seguridad en la segunda mitad de esta administración? En términos generales no debe ni puede hacerlo. No hay posibilidad de establecer otra estrategia y mucho menos de abandonarla. Debe ser reforzada con mayor cooperación y coordinación, con mayores esfuerzos, con éxitos más concretos para cambiar la percepción del desarrollo de esa lucha, y también atacando mucho más los delitos que más afectan a la ciudadanía, sobre todo el secuestro y la extorsión. Pero no puede ese combate ser abandonado.

Sin embargo, se debe asumir que el mismo deberá seguir su propio camino. Hasta ahora el tema de seguridad fue el que concentró la atención del gobierno y del propio presidente Calderón, incluso hasta el exceso. Debe seguir siendo un tema clave en la agenda, pero probablemente es hora de que sean las instituciones de seguridad las que se concentren en ello mientras que el presidente Calderón, se vuelva al tema económico y social. Luego de la crisis que vivimos, esa es una exigencia irrenunciable. Durante estos tres años, fueron las autoridades hacendarias las que concentraron el control cotidiano de la política económica. Hoy, debería percibirse que quien está al frente de ella es el propio Presidente. Y esa actitud debería implicar, allí sí, cambios de estrategias.

En la entrevista que le hicimos en días pasados al empresario Carlos Slim, éste decía que se debía apostar mucho más a la inversión privada, que había que aprovechar que el gobierno debe reconstruir, luego de la crisis, la hacienda pública y ahorrar recursos, para lanzar con mucha mayor ambición proyectos de infraestructura y productivos que le permitan a la iniciativa privada invertir en ellos. Decía Slim, y tiene razón, que la crisis es económica y no financiera, que el sector financiero y bancario está bien y sano, y que tiene muchos recursos para invertir. Y los tiene en un momento en el cual, no los tiene el Estado. Esa estrategia puede relanzarse sobre esas bases y en no todos los casos se necesitan reformas legales: lo que sí se necesita es mayor imaginación y decisión política para sacarla adelante. Y la única forma de que las cosas se perciban de esa manera es que el Presidente haga todos los ajustes que considere en el sector y que se ponga políticamente al frente de esa reconstrucción.

En otras palabras, si asumimos que no habrá en el Congreso grandes reformas, si vemos que la lucha contra el narcotráfico sigue su propio camino y los ajustes institucionales en el área también deberán hacerlo, si se comprende que hoy, además de la seguridad, la mayor preocupación es la economía y que se debe operar profundamente en ella para salir de la crisis, esta segunda mitad del sexenio debe ser el de la reconstrucción de la economía, con reformas o sin ellas, pero con protagonismo presidencial para romper inercias.

Excelsior (México)

 


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