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09/07/2010 | México - La partidización de la justicia

Jorge Fernández Menéndez

Si usted tiene una demanda social que puede presentar como una forma de defensa de su comunidad, aunque en realidad se trate de una agenda política de grupo, está autorizado a realizar cualquier tipo de destrozos, portar armas de fuego, secuestrar a funcionarios, atarlos a un poste, rociarlos con gasolina y amenazar con prenderles fuego si no se cumplen sus demandas.

 

No es necesario que usted cometa esos delitos en la penumbra: puede hacerlo a la luz del día, frente a cámaras de televisión y periodistas transmitiendo en directo. No estamos exagerando: la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo acaba de autorizar al dejar en libertad a los dirigentes de los macheteros de Atenco, encabezados por Ignacio del Valle, aceptando por bueno el argumento de la legitimidad de las demandas sociales.

Con ello la Corte ha abierto la puerta a cualquier tipo de violación a las leyes amparados en ese argumento. No es una decisión, bastante insensata por cierto, aislada. En la frenada Ley de Seguridad Nacional, el Senado aprobó que en caso de levantamientos sociales el Ejército no podría intervenir para sofocarlos. Por supuesto ni la Corte ni los senadores que aprobaron esa ley se molestaron en explicarnos qué entienden por demandas sociales en beneficio de la comunidad o levantamientos sociales. Llevados a los hechos, de la misma forma en que los dirigentes de Atenco fueron dejados en libertad a pesar de que todos vimos por televisión y algunos en vivo y en directo cómo estaban cometiendo delitos muy graves, el día de mañana, si esa ley no es reformada en la Cámara de Diputados, se podrá argumentar que no se puede enfrentar un levantamiento armado que, en última instancia, siempre tendrá justificaciones sociales.

No se analizó si las penas con las que se había condenado a los dirigentes de Atenco eran justas o no: creo que definitivamente eran excesivas y debían ser reducidas. Es más, si existían consideraciones políticas para ello, se podría haber decretado una amnistía para los detenidos, también es legítimo. Lo que no se podía hacer es lo que hizo la Corte: decidir que no había delito escudándose en el tema de la demanda social. Es un llamado a delinquir con impunidad si se hace bajo un cobijo real o supuestamente político.

Pero hay algo más grave: me temo que cada vez más las decisiones de la justicia terminan tomándose con criterios eminentemente políticos y partidarios. Vamos con varios ejemplos. En cuanto se formalizaron a principios de año las alianzas PAN-PRD, fueron liberados la mayoría de los detenidos en el michoacanazo, particularmente los más cercanos al gobernador Leonel Godoy. En la PGR se argumentó que las averiguaciones previas, habían estado mal integradas y por eso quedaron en libertad. Pero lo cierto es que tampoco se interpusieron todos los instrumentos legales que hubieran impedido esa liberación.

Se podrá argumentar que semanas después se detuvo al candidato del PRD en Quintana Roo, GregSánchez. Pero también es verdad que desde enero se le había advertido al PRD de que el entonces presidente municipal de Benito Juárez tenía detrás una investigación por delitos graves. Se les corrió, de alguna manera, la cortesía de advertirles que no lo postularan. La dirigencia del PRD lo ignoró e incluso estuvo a punto de realizarse una alianza (que se dio para municipios) con el PAN llevando a Greg de candidato. Pero la investigación, donde no intervenían sólo autoridades mexicanas, y donde se cruzaba el caso del general Tello, muy importante para el Ejército Mexicano, ya estaba demasiado avanzada como para aventurarse a una alianza de ese tipo.

Y ahora vino lo de Atenco, con un fallo incomprensible de la Corte, a unos días de las elecciones. Pero ha habido, hay que decirlo, reciprocidad. ¿Recuerda usted cómo el PRD y sus dirigentes exigieron durante meses castigo y hasta juicio político para los presuntos responsables del incendio de la guardería ABC? Pues bien, después del controvertido fallo de la Suprema Corte, nadie, en el PRD y entre sus aliados del PT y Convergencia se volvió a acordar de ello. El tema quedó en el olvido.

Y parece que no sólo se ha partidizado la justicia, sino también la solidaridad. ¿Alguien podría explicar por qué en medio de la tragedia que azota al área metropolitana de Monterrey y buena parte de Nuevo León no ha pasado nada, no ha habido una movilización federal como cuando se han dado inundaciones en el sur del país? El presidente Calderón estuvo allí el viernes pasado, pero no se ha designado siquiera un encargado de coordinar las acciones del gobierno federal con los locales. Apenas ayer, la Cruz Roja decidió colocar un centro de acopio en la capital del país para ayudar a los damnificados. Que los regiomontanos se arreglen solos.

Excelsior (México)

 


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