Existía temor de que esta ley de amnistía terminara siendo un perdón a los principales grupos del narcotráfico, como se entendió en la campaña electoral. No ha sido así, aunque todavía no quede claro cuál es la visión presidencial respecto a los grupos criminales, ante la insistencia de que “los delincuentes son pueblo”.

Pero, en este caso, en la ley de amnistía enviada como iniciativa preferente al Congreso se privilegia a indígenas detenidos, en muchos casos, sin conocimiento del idioma en que fueron consignados, a quienes han cometido delitos menores, a detenidos por delitos calificados como inverosímiles, literalmente inventados o donde se involucra a personas que no pudieron haberlos cometido, a mujeres castigadas por ser parejas de delincuentes. Me queda la profunda duda de los considerados presos políticos. Porque, por ejemplo, se dejó en libertad a miembros de la Coordinadora que participaron en secuestros terribles, incluso de niños, que nada tenían que ver con su activismo político. ¿Están los amnistiados detenidos por causas políticas o son activistas políticos que cometieron crímenes graves por causas eminentemente criminales, más allá de su participación política? Si la ley dice que están excluidos quienes hayan cometido delitos de sangre o secuestros, me imagino que esa exclusión debe ser para todos los casos.

Lo importante es que se proponen varios espacios diferenciados: por una parte, los delitos federales que se atenderán, caso por caso, por la FGR para determinar si son sujetos o no de amnistía. Cada estado tendrá atribuciones similares, primero para ver si acepta ese mecanismo de amnistía y, segundo, para analizar los casos en los que podría aplicarse. Lo fundamental en este sentido es que se respeten los espacios y atribuciones legales de los distintos estamentos judiciales y, sobre todo, que la decisión sobre quién será amnistiado se dé caso por caso.

Pueden quedar en libertad, a través de esta ley, unas 30 mil personas. Es un paso arriesgado si no se realiza con sumo cuidado todo el proceso. Nuestras cárceles, desgraciadamente, son escuelas del crimen, muchos de los que ingresan a ellas por causas menores salen coludidos con bandas y preparados para delitos mayores.

El tema es más grave por dos realidades lamentables en nuestro sistema carcelario. Primero, porque en los reclusorios estatales y municipales difícilmente hay separación entre quienes cometieron delitos graves y delitos menores. Todos están juntos y la única diferenciación es si se tiene o no dinero para vivir en mejores o peores condiciones.

Más grave aún, el 80% de los reclusorios del país se manejan por el llamado autogobierno, que no quiere decir otra cosa que los propios reclusos son los que llevan el control, el gobierno real del penal. En realidad suelen ser los integrantes de las bandas criminales más poderosas los que se quedan con ese control y subordinan a los demás, incluyendo, en muchas ocasiones, a las propias autoridades de los centros penitenciarios. Las historias al respecto son de terror. No creo que haya instrumentos e información suficientes para saber cómo han evolucionado todos los detenidos en esas condiciones de reclusión. Todo esto obliga, aún más, a que los procesos de liberación se hagan, sí, de forma rápida, pero también minuciosa y caso por caso.

Obliga también, y eso no está considerado en la agenda legislativa, a revisar profundamente el sistema penitenciario en el país. Salvo algunos penales federales, los demás, casi sin excepción, son zona de desastre. No servirá ninguna otra reforma, ninguna ley de amnistía, si los penales siguen siendo espacios de captación y formación de delincuentes e incluso centros operativos de la propia delincuencia (la mayoría de las llamadas de extorsión que recibe la ciudadanía en todo el país provienen de dentro de los reclusorios, con un alto porcentaje, por ejemplo, de los de Nuevo Laredo). Bienvenida la ley de amnistía si es un instrumento, un paso, para avanzar y mejorar en todos estos aspectos. No alcanza si es un fin en sí mismo.