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25/05/2011 | La seguridad se entrelaza con la economía

Jorge Fernández Menéndez

Luego de las pláticas y el intercambio de experiencias que tuvimos esta semana pasada en la isla de Comandatuba con empresarios de toda América Latina, es evidente que no sólo, como aquí señalábamos, existe la percepción de que esta década será fundamental para el futuro de la región y que se dan condiciones más que idóneas para garantizar un crecimiento sostenido, sino que también el tema de la seguridad, que en ocasiones fascina y en otras se le teme, será, sin duda, una condición para que ese desarrollo se dé en forma sustentable.

 

El temor no es la seguridad pública en sí, sino el crimen organizado. Y es evidente que a las experiencias, duras, difíciles, de México y Colombia, se están uniendo las de Centroamérica, cuyos países parecen desbordados por el narcotráfico (y en algunos casos con evidentes complicidades gubernamentales, como en Nicaragua) y Venezuela, donde pareciera que las autoridades simplemente y desde hace tiempo han dejado de perseguirlo e incluso están profundamente involucrados en él. Brasil, al igual que Argentina (y me decían algunos empresarios que cada vez más Chile) son naciones con un muy alto consumo de drogas: se consiguen con facilidad, son cada día más baratas y el mercado se expande entre los jóvenes, sin resistencias.

Por lo menos en Brasil y Argentina no se termina de asumir que esa venta de drogas irá de la mano con el crecimiento de la delincuencia organizada. La solución, aplicada sobre todo en Río de Janeiro (donde los próximos Juegos Olímpicos y el Mundial de Futbol saben que serán oportunidades irrepetibles para consolidar la ciudad y el país, pero también donde no se pueden dar el lujo de tener problemas graves de seguridad), pasa por una actitud muy permisiva hacia la droga: la idea es que mientras se venda droga y no se cometan otros delitos, no habrá una intervención policial fuerte. Cuando esos delitos asociados se cometen, los golpes, dicen, se dan con eficacia. Incluso cuentan con dos policías: una suerte de SWAT (retratada en las dos películas tituladas Tropa de élite) y la otra de proximidad ciudadana, que entra en operación después del grupo de combate para restañar las heridas sociales. Aseguran expertos brasileños que el mecanismo les ha funcionado eficientemente. Hace unos meses en Argentina me decían algo similar.

No es muy diferente a lo que se hizo primero en Colombia y luego en México. La pregunta es qué se hace cuando esos cárteles o grupos criminales comienzan a crecer y a establecer primero espacios propios de poder y control territorial y luego, como consecuencia de lo anterior, se dan las luchas entre las organizaciones criminales. Eso ya ha comenzado a suceder en las favelas de Río de Janeiro y los golpes de las autoridades, aparentemente, han sofocado la situación. Sin embargo, los grupos criminales siguen creciendo porque tienen demanda interna, que les da recursos, pero sobre todo porque cada vez más desde Río, y en menor medida desde Buenos Aires, se está abasteciendo buena parte de la cocaína que se envía a Europa, en la mayoría de los casos vía África (un vuelo de Brasil a África se puede realizar en cuatro horas). Y la cocaína está de moda, está aumentando su precio y se está instalando en forma muy acelerada en Europa (paradójicamente, en Estados Unidos está siendo reemplazada cada vez más por las drogas sintéticas), mientras que cada vez más países, sobre todo de la costa atlántica de África, están algo más que penetrados por el crimen organizado.

 ¿Cuándo esos grupos aumenten su poder económico y social se podrán seguir manejando los mismos paradigmas actuales, de mantener una situación de cierta tolerancia y de deslindar el consumo interno con el tráfico internacional? Me parece difícil y que es un recorrido que ya han hecho Colombia y México, con resultados muy costosos para la sociedad y sus economías.

El tema ahí está y sobrevuela las previsiones muy optimistas que abarcan a casi toda la región. En el caso de México, parece ser inevitable que se profundice el enfrentamiento con los grupos criminales para retomar el control y la agenda de seguridad al mismo tiempo que se fortalecen las instituciones del área. Pero todos sabemos que esa institucionalización está más que rezagada, no necesariamente por falta de un buen diagnóstico o de recursos, que los hay, sino por decisiones políticas y legislativas que no terminan de otorgarle al Estado ese andamiaje institucional imprescindible.

Paradójicamente, no se acaba de comprender que en esta década, que dicen que será tan promisoria, los costos políticos que se paguen ahora en el tema de la seguridad serán los que se van a cosechar en el futuro en el comercio y la economía. Y no será la administración de Calderón la que los capitalizará. Debería alcanzar para actuar con mayor celeridad y consistencia.

Excelsior (México)

 


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