Kirchner, se supo, estaba que trinaba con el líder piquetero que le había asegurado que su plan de amedrentamiento surtiría efecto. El Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también le hizo llegar a Kirchner sus quejas por el manejo que hizo D’Elia de todo el asunto. Más allá de D’Elia, para el gobierno fue considerado un golpe muy duro para el presidente la presencia de tanta gente en la Plaza de Mayo. No hubo reflejos oficiales o una desinteligencia nubló la mente de los ministros cuando se negaron a recibir el petitorio de Blumberg. Daniel Scioli es el único que lo escuchó por teléfono y seguramente recibirá represalias del presidente. Esta marcha marcará diferencias en varios sectores. Por lo pronto en la relación de Kirchner con D’Elia y el futuro de Aníbal Fernández como así también del propio Scioli. No se descarta que en los próximos días haya una contraofensiva de Kirchner a Blumberg quien por estas horas prefirió hacer silencio.

Ya esta todo listo para que el gobierno impulse un acta acuerdo para la concertación con todos los dirigentes que quieran apoyar al kirchnerismo en 2007. Se tratará de un convenio que buscará firmar Kirchner con los radicales K y con otras fuerzas dispuestas a dar pelea por el Presidente el año que viene. Es una forma de arrancar un compromiso a los radicales que hoy están dudando de pasarse o no a las filas del kirchnerismo o para generar mayores dilemas en la UCR. El acta acuerdo le serviría además a Kirchner para sustentar un compromiso para el año que viene con intendentes y gobernadores en el caso de que no pueda seguir mandando fondos como hace hasta ahora. Se supone que el año que viene habrá fondos para la campaña pero Kirchner quiere tener un seguro de respaldo por si algo ocurriera en el medio. Además este acta acuerdo será una manera de seguir ampliando la base kirchnerista y hacer campaña.

Hubo algunas quejas e insinuaciones en los últimos días por parte de proveedores del Estado y esto coincidió con cierta crítica del jefe del Banco Central Martín Redrado en cuanto a acumulación de reservas. Lo cierto es que el gobierno ha dejado de pagar en los dos últimos meses a proveedores del Estado. Hay desde constructoras de obra pública, hasta proveedores de materia prima y empresas extranjeras que se han quedado sin lograr solución. Nadie puede explicar con certeza cuál es la estrategia de Kirchner en este plano. Acumula reservas y no paga a los proveedores. Martín redrado deslizó en los últimos días sobre la peligrosidad de acumular mayores reservas sin un lineamiento preciso. Lo hizo muy sutilmente porque el estilo K no le permitiría una critica mayor, pero quedó en claro que no hay rumbo claro de qué se quiere hacer con el acumulado en el Central.

En el sistema financiero ya están descontando que se flexibilizará la medida del Banco Central que aumenta los encajes y deja de considerar para el cómputo el efectivo en sucursales. La medida que enfrentó a los bancos con el Central está siendo analizada en el directorio de la entidad. Las quejas de los banqueros apuntaron a que no se consultó la medida antes de ser lanzada, "pese a que nos reunimos una vez por mes por lo menos para hablar de cosas diez veces menos importantes". Por lo menos, según trascendió, el Central podría considerar el cómputo del efectivo en sucursales pero sólo las de aquellas que estén en zonas 3 y 4, es decir, las de las regiones menos desarrolladas. Muy activo está, como se ve, la entidad que preside Martín Redrado con, paralelamente, impulso a la bancarización del país. Por ello la rápida autorización a que se abran casi 50 sucursales otorgada siempre con la intención de que más gente acceda al crédito. El titular del Central se apresta a viajar a la reunión del CEMLA (Bancos centrales de la región, entidad que preside) y luego a Singapur a la cumbre del FMI.

Las quejas de banqueros apuntan también al superintendente de Entidades Financieras Waldo Farías. Es que está demorada desde hace varios meses no sólo la autorización de la venta de Meridian sino hechos simples como el cambio de un director en un banco argentino. Directamente no concurre al Banco Central, si lo hace es esporádicamente, y el 80% del sistema financiero no lo conoce. Aseguran que pasa su tiempo en Casa de Gobierno, en despachos cercanos al de Néstor Kirchner, con el que obviamente tiene una íntima relación. De hecho fue titular de Lotería Nacional antes de asumir en la Superintendencia de Bancos.

En el equipo económico están haciendo trascender que la inflación de agosto sería de 0,5%. En realidad de esta forma podrían repetir la estrategia de los últimos cinco meses en los que hicieron trascender previo a la difusión oficial del INDEC un número mayor para luego mostrar, el anuncio de que "la inflación fue aún menor a la esperada". De todas maneras, más allá de que el dato del incremento de los precios minoristas sea de 0,3% o 0,5% en agosto, está claro que este año estará por debajo de 10%, un logro que el gobierno mostrará contra Roberto Lavagna que exhibió en su gestión de 2005 12,3%.

Los mercados financieros siguen jugando a favor de la economía en el alza que están teniendo los títulos locales. Este mes Alfredo Mac Laughlin dispondrá –tras consultarlo con el presidente Kirchner obviamente- una nueva licitación de BONAR pero a diez años de plazo. Está prácticamente archivada la intención del Bono del Sur con Venezuela. También la del Banco del MERCOSUR, iniciativa lanzada por Felisa Miceli en la cumbre de presidentes del bloque de Córdoba pero que no cuenta con apoyo de Brasil. Hoy en Río la Ministra intentó sin éxito avanzar en ese sentido.

La Provincia de Buenos Aires está pasando por un momento crítico. Como adelantamos en este panorama hace un mes atrás. El gobernador Felipe Solá debe encarar un rojo financiero de 2000 millones de pesos y no tienen fondos de aquí a fin de año. El plan de menor alcance y salvavidas momentáneo es la aprobación la semana que viene por parte de la legislatura de un bono de 900 millones de pesos para que la provincia pueda endeudarse. Pero Solá ya habló con el presidente Kirchner para solucionar el tema el próximo año ya que será una etapa electoral y un distrito clave, como el bonaerense, no se podrá dejar de lado. Lo cierto es que el gobernador bonaerense le propuso a Kirchner la posibilidad de establecer un fondo similar al viejo fondo de reparación histórica del conurbano que existió en épocas del ex Presidente Eduardo Duhalde cuando fue gobernador. Se trataría así de que la Nación pueda ayudar financieramente a la provincia todos los meses. Solá reclamaría esto públicamente aduciendo que el índice de coparticipación federal de impuestos cayó en los últimos años y nunca fue saldado el bache que se produjo cuando se dejó de enviar el fondo del conurbano.

En el gobierno de la Ciudad están tratando de recuperar la zona del ex Parque Interama, de más de doscientas hectáreas y que se encuentra bloqueada su utilización por un fallo de la Justicia en segunda instancia. Trascendió que los acreedores -la deuda por la demanda desde hace ya casi 25 años son más de $3.000 millones- seguirán bloqueando traspasos que quiere hacer Jorge Telerman, especialmente hacia la Corporación Puerto Madero, tal como trascendió en los medios esta semana.

El 5 de septiembre – no el 7 - será la audiencia pública por la contaminación del Riachuelo convocada por la Corte y allí el gobierno nacional, el provincial y los municipios llevarán la propuesta de la secretaría de Medio Ambiente de la Nación para sanearlo. Se trata en líneas generales de un ambicioso plan que tendrá un costo de más de 3000 millones de dólares y que se pautará para diez años. Pero en concreto y de inmediato el gobierno planteará a las empresas una reubicación en función del perímetro de predio que ocupa cada unas de las 41 compañías ubicada a la margen del Riachuelo. El Estado dispondría de un espacio de tierras en otro lugar cercano a la zona en que hoy están radicadas las empresas lindantes con el Riachuelo. La propuesta oficial tiene el aval de todas las ONG y ya fue evaluada por algunos miembros de la Corte. Claro que su puesta en marcha no parece nada fácil. Lo cierro es que en la audiencia las ONG y los estados plantearán los efectos de contaminación y buscarán arrancarle a las empresas datos relacionados con la contaminación para eventualmente usarlos durante un juicio posterior en los tribunales. Algunos juristas y ambientalistas deslizan en privado que el plan de saneamiento es muy ambicioso y que sólo se trata de una estrategia electoral del gobierno.

El tema “papeleras” se descomprime y podría ser un punto a resaltar desde la oposición ya que el gobierno Uruguayo ha pagado para su efectiva defensa en los Tribunales Internacionales de la Haya ochocientos mil dólares en concepto de honorarios a sus letrados. El gran interrogante que comienza a invadir a distintos representantes de la oposición apunta al costo que debió pagar nuestro país en concepto de defensa, y aún más, quien deberá pagar todos los costos ante una eventual perdida en dicho conflicto. Meses atrás desde el gobierno se omitió considerar una nota enviada por la Academia Nacional de Ingeniería que concluía en resaltar los parámetros internacionales utilizados para la operación de las plantas, sin descuidar un monitoreo y control permanente ante su eventual funcionamiento en manos de ambos gobiernos.

CONGRESO NACIONAL

Ya hay acuerdo entre los legisladores del oficialismo para que la Cámara de Diputados trate sobre tablas, sin esperar los siete días hábiles correspondientes luego de aprobado un dictamen, el proyecto de ley que prevé un incentivo impositivo a todas aquellas empresas petroleras que inviertan en búsqueda de nuevos espacios de explotación de crudo. El dictamen en cuestión se aprobó el miércoles pasado pero no podrá ser llevado al recinto sino hasta dentro de 15 días. Para dar un gesto de buena voluntad Kirchner pidió acelerar el tema y ahora se tratará el miércoles que viene. El proyecto prevé un esquema de incentivo impositivo para los próximos 15 años para aquellas empresas que estén dispuestas a invertir en exploración de petróleo. La intención es emitir un buen gesto hacia las empresas del sector que habían sido castigadas en los últimos tiempos por la falta de inversiones.

Sorpresivamente, quedo nuevamente postergado el proyecto de ley por el cual se modifica el Impuesto al Valor Agregado, sobre alícuota de la harina de trigo. El proyecto viene siendo analizado desde principio de año en el Senado. El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado, Jorge Capitanich presentó un proyecto en el mismo sentido, pero considerando que tenía que ser primero analizado por la Cámara de Diputados por ser una modificación impositiva instó a su par en diputados, Carlos Snopek, para avanzar en el mismo sentido. Fue así como el mismo día que Snopek y el titular del Bloque oficialista, Agustín Rossi presentaron su proyecto fue considerado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda y asistieron invitados vinculados al sector. La semana posterior tuvo dictamen y fue incluido en el Plan de Labor. Sin embargo, transcurrieron dos sesiones y la iniciativa quedó postergada. Desde el oficialismo atribuyen su demora a ciertas dudas o faltas de certezas en un eventual aumento del precio final del pan para lo cual no descartan para la semana próxima una invitación a funcionarios de Economía para aclarar el tema y poder así sancionarlo rápidamente.

Por otra parte el diputado santafecino Juan Silvestre Begnis, al frente de la Comisión de Acción Social y Salud avanzó con pie firme sobre dos proyectos de ley que modifican artículos de las leyes que regulan el despacho de estupefacientes por parte de las farmacias. Asimismo recibió esta semana la visita de dos cámaras del sub-sector privado de la salud- CONECLISA y ADECRA- en relación a la situación crítica de las empresas de medicina prepaga por el desfazaje entre los precios del sector y el aumento de sus costos. El planteo coincide con la centralidad que adquirió el tema esta semana como consecuencia del rechazo gubernamental al aumento de precios anunciado por empresas de medicina prepaga, rechazo que abrió la discusión sobre la necesidad de regular el sector.

A pesar de que, hasta el momento, no existe un proyecto del Poder Ejecutivo sobre el tema, una decena de iniciativas abordan la regulación, al igual que otros dos proyectos en el Senado. Sin entrar en esta discusión el diputado Carlos Snopek dejó entrever el criterio predominante en su comisión en lo vinculado a las deudas con la AFIP que el sector aduce y los precios al público. Tras rechazar cualquier tipo de financiamiento posible por parte de la AFIP que los privados reclamaban- exención de intereses de deuda, exención del impuesto al cheque y cómputo del IVA a cuenta de otros tributos- el camino de solución, en cambio, se establecería de acuerdo a dos criterios: financiamiento bancario de la mochila fiscal con participación del Banco Nación y un esquema de precios de referencia que rija a todo el sector. Entre los criterios centrales a definir estaría el establecimiento de los requisitos de acceso de las empresas al crédito bancario.

Desde la Comisión de Recursos Naturales que preside Miguel Bonasso surgió la voluntad de invitar a la Secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti para la semana próxima para que fundamente el proyecto del Ejecutivo que declara la emergencia de la cuenca Matanza - Riachuelo. Por otra parte, la diputada Mabel Müller- aprovechando el momento propicio para el avance legislativo de proyectos asociados a la protección del ambiente- solicitó la convocatoria a un plenario con la Comisión de Legislación Penal para avanzar en una decisión en torno a un proyecto de ley de su autoría por el cual se modifica el Código Penal en materia de residuos industriales.

El superintendente de Seguros de la Nación, Miguel Baelo, concurrió a la Comisión de Economía para dar su opinión sobre varios proyectos en tratamiento acerca de esa actividad, particularmente el de creación, en el ámbito del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Difusión del Seguro, iniciativa modificada para la creación de un Programa Nacional de Difusión del Seguro. Baelo se manifestó de acuerdo con la modificación introducida y con el proyecto en general, y destacó la importancia de crear “una cultura del seguro”.

En el Senado siguen trabajando en proyectos vinculados al crédito para acceso a la vivienda única. Desde el gobierno se envió esta semana el proyecto de ley por el cual se establece un incentivo para la adquisición y construcción de las mismas cuyo objetivo apunta a acelerar la transformación de los actuales locatarios, en propietarios de una vivienda única, familiar y permanente, similar a las que residen actualmente. Por otro lado el senador Nicolás Fernández se encuentra en una encrucijada respecto a una eventual solución para los deudores hipotecarios en la búsqueda de una solución de fondo para este tema. Luego de una polémica reunión llevada a cabo esta semana entre senadores y representantes de asociaciones afectadas por el escenario postconvertibilidad, se resolvió dar lugar a una comisión técnica comandada por el propio Fernández con la intención de abordar en dos semanas con un proyecto que intente dar respuesta a los reiterados reclamos y prorrogas para los tomadores de créditos que se ven amenazados por el remate de sus viviendas.

Cabe señalar también la gran concurrencia a la audiencia pública convocada esta semana por la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el senador Gerardo Morales con el objetivo de abrir a la sociedad el debate sobre la violencia laboral, un tema que está siendo analizado en la comisión desde hace un tiempo.

LEGISLATURA PORTEÑA

Con un camino por delante algo más limpio, el único tema conflictivo que supuestamente podría trasladarse a la sesión de la próxima semana es el del libro de quejas obligatorio. Tras varios intentos porl incluir el proyecto en sesiones sucesivas, el mismo podría finalmente debatirse el 7 de septiembre si la Comisión de Justicia decide sobre el tema la próxima semana en virtud del giro adicional a dicha comisión acordado la semana anterior. Si la cuestión continuara en los términos del proyecto original de la ex legisladora de Macri, Paula Bertol, se volvería obligatorio para toda dependencia de la ciudad con atención al público y para todo comercio privado el contar con un libro de quejas foliado que sería objeto de control por la autoridad local de defensa del consumidor.

Esta ex legisladora también fue autora del proyecto que originó la Ley 1799 de la ciudad, o Ley de Control del Tabaco, sancionada en septiembre de 2005. La misma aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo a pesar de que la prohibición de fumar en el sector público ya entró en vigencia y que la aplicable a los lugares privados con acceso público (bares, restaurants, shoppings, etc) lo haría a partir del 1 de octubre. De confirmarse las versiones que circulan en el Ministerio de Salud, dicha reglamentación podría finalmente concretarse durante el mes de septiembre, aplicándose casi exclusivamente a cuestiones de la autoridad de aplicación- el Ministerio de Salud y el de Gobierno, supuestamente- cuyos titulares ya habrían dado el visto bueno.

De concretarse la aprobación de Jorge Telerman, tal reglamentación podría publicarse próximamente, quedando para una etapa posterior aclaraciones remanentes que pudieran necesitarse. De acuerdo a las versiones, la norma es lo suficientemente clara como para entrar en vigencia sin complicaciones mayores a pesar de la falta de reglamentación. Una confirmación de la afirmación anterior es el hecho de que, incluso en la Cámara de Diputados, el texto de la norma- por su redacción clara- es referencia para los miembros de la Comisión de Prevención de las Adicciones que buscan avanzar en la redacción de un borrador propio. Compiten en esa tarea con Comisión de Salud y Deporte del Senado de la Nación, que estaría avanzando en paralelo con un proyecto elevado en el 2005 por el Poder Ejecutivo.

LEGISLATURA BONAERENSE

Semana complicada la que termina en la Legislatura bonaerense. Al igual que lo ocurrido la anterior semana en el Senado, en la Cámara de Diputados se levantó la sesión a poco de comenzar por falta de quórum. También como en el Senado, las causas de esta interrupción hay que rastrearlas en las "artimañas" de la oposición, la inexperiencia legislativa del oficialismo y las profundas diferencias internas que sacuden al Frente para la Victoria y que tienen - como es habitual - en la Legislatura su principal "rebote".

Un proyecto para equiparar las pensiones que cobran los ex combatientes de Malvinas en la Provincia con las de la Nación, fue el eje del problema. Pese a que varios de sus diputados - entre ellos el titular del bloque, Fernando Navarro - habían firmado el despacho, una vez en el recinto el oficialismo se negó a aprobar el proyecto argumentando que el déficit que acosa por estos días a la Provincia, impide que se puedan planificar nuevas erogaciones presupuestarias. La oposición - el autor del proyecto era el radical Jorge Simoni - aprovechó la ocasión y alentada por una nutrida barra de ex combatientes desde los palcos, cuestionó la postura del oficialismo que, sin respuestas, optó por levantarse de las bancas y hacer caer la sesión.

Pero no todos los diputados del Frente se comportaron de igual manera, las diputadas Adriana Cudós y Dulce Visconti permanecieron en el recinto donde los bloques opositores se esforzaban por llegar al quórum y sesionar aún con la ausencia del grueso del oficialismo. Finalmente no lo lograron - les faltaron solo dos diputados - pero una vez más el bloque frentista dejó expuesta su interna.

En el Senado, por su parte, ya es casi un hecho que el polémico proyecto de ley que extiende las licencias a los bingos, no será tratado. La firme oposición no solo del PJ y la UCR sino de buena parte del bloque del FpV, hizo recapacitar al Gobernador Felipe Solá quien en rueda de prensa prácticamente admitió la imposibilidad de aprobar la iniciativa en la Legislatura y esbozó la posibilidad de hacerlo por decreto a fin de año. La intención del oficialismo de aprobarlo, abrió una herida en el hasta ahora cuasi-monolítico bloque de senadores oficialistas, los legisladores no referenciados directamente en el Gobernador, "marcaron" su espacio y aunque no forman un sub-grupo monolítico, pueden complicar las iniciativas del gobierno. Ni hablar de Diputados, donde la alianza entre el intendente platense Julio Alak con el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, promete crearle trabas a la gestión Solá mientras éste persista en sus intentos reeleccionistas.

La semana próxima están convocadas para sesionar las dos cámaras y el gobierno se esperanza en que se apruebe el pedido de endeudamiento por $1.500M que envió esta semana a Diputados y que muestra a las claras las dificultades económicas de Solá. El recorrido que tenga esta iniciativa será un anticipo de cuanto poder tiene Solá en la Legislatura y de ver si la oposición interna está limitada a proyectos controvertidos como el de los bingos o si es tan frontal como para trabar toda la gestión.

Propios y ajenos especulan con que el Gobierno nacional alentará - a través de sus contactos con la Legislatura bonaerense - la aprobación del endeudamiento, de la misma manera que lo hizo - en sentido contrario - con la ley de bingos. La lógica que rige al gobierno de Néstor Kirchner para su relación con la Provincia y con Solá parece ser colaborar en todo lo que sea gestión pero no permitir que ni Solá ni ningún precandidato a la gobernación saque demasiadas ventajas en la carrera, ya lanzada, hacia la gobernación 2007.

El gobernador Solá, por su parte, viaja el domingo a Chile encabezando una ronda de negocios organizada por la ministra de la Producción, Débora Giorgi. La misma servirá para que cerca de medio centenar de PyMes bonaerenses muestren sus productos en el país trasandino, fortaleciendo además la gestión de Giorgi quien busca un perfil industrialista para la provincia. La funcionaria ya alertó - en la presentación que realizó en el Senado del proyecto de ley de promoción industrial - que Córdoba y Santa Fé vienen aventajando a Buenos Aires en cuanto a la recepción de inversiones vinculadas al software y las nuevas tecnologías y que la - a su juicio - "anticuada" ley de promoción industrial vigente en la provincia, tiene mucho que ver con eso. De todos modos no será fácil para Giorgi modificarla. El proyecto ingresó en el Senado no como proveniente del PE sino con la firma del titular del bloque oficialsta, Osvaldo Goicoechea y el titular de la comisión de Industria, José Molina. ¿El motivo?: El ministro de Economía, Gerardo Otero no comulga con la creación de un fondo crediticio que prevé esa ley y se habría negado a firmarlo.