El acatamiento de las resoluciones judiciales una vez firmes no es un tema de opinión, sino de ejecución y cumplimiento.

No es cuestión de que nos guste o no nos guste lo que resuelva una sentencia. O que los afectados sean muchos y se agrupen para resistir, o que el desilusionado sea el estado.

No importa que las órdenes judiciales se ignoren dentro de la fortaleza de un cuartel, del poder de un órgano del estado o de la inexpugnabilidad de un gremio, ya sea este de trabajadores o de empresarios.

Lo que importa es la resistencia. Lo preocupante es la existencia de condiciones que habilitan el desacato. Lo grave es que la justicia deba dejar de actuar bajo presión, venga de donde venga, y que un juez deba excusarse.

Porque ayer pudieron ser los militares, hoy un gremio, y mañana podrá ser que la sentencia que avala los derechos de un trabajador no pueda cumplirse porque por ejemplo, una congregación de industriales lo impida y amenace con cerrar sus empresas.

Las reglas son simples, y se acatan o no se acatan. Si no se hace, se incurre en severo incumplimiento de la ley, pero lo que es peor se pone en riesgo la existencia misma del sistema democrático de un estado de derecho y la pacífica convivencia.

Una sentencia judicial firme solo se cumple. De lo contrario nos ganará la horda y la prepotencia, y volveremos todos al fondo de los tiempos.

Esto es lo que ha permitido a las personas en conflicto entre si o con el estado, tener un ámbito de definición y protección de sus derechos, que no sea la violencia privada o la justicia por mano propia, donde el que triunfa no es necesariamente quien tiene la razón.

En los últimos tiempos, legisladores, ministros, presidentes, militares, policías, sindicalistas, gremialistas, defensores de causas organizados en ong, s autóctonas o importadas, periodistas, partidos políticos, en fin todo al que le parece, sin siquiera tener toda la información, opina, dice, juzga, califica, ofende y resiste, como si se estuviera comentando un penal cobrado fuera del área en un partido clásico o en el mundial del que quedamos fuera.

Ni siquiera esto es del todo así, pues allí solo opinan con derecho, los que vieron el partido en directo o por televisión, porque como dijo el Negro Jefe "los de afuera son de palo".

En cambio en materia de justicia, en temas personalísimos, de enorme complejidad, estamos asistiendo desde hace tiempo a la peligrosa costumbre de opinar al barrer y aún agraviar, sin conocer demasiado los detalles que hacen la diferencia de las cosas.

Hablan los defensores a la salida del juzgado, los testigos, los denunciantes, los citados y salen todos juntos de noche por TV., junto con los fiscales y los jueces. Cuando eso parece poco se busca la opinión del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y si se puede la del mismo Presidente de la Republica, para ver si dice algo y el problema se torna aun mayor.

Si llegara a hacer escala técnica Kofi Annan por Carrasco, también se le consultaría.

Esto no puede ser así.

No se trata de que opinar contra una sentencia sea un delito o que este prohibido.

Por el contrario los fallos judiciales son una forma de civilizar al resto de la sociedad y viceversa.

No es un tema de libertad de expresión. Es un tema de correcta expresión.

Jamás se puede poner en jaque mate al sistema de justicia.

Jamás se puede traspasar la línea de lo legalmente correcto y de lo que puede afectar a ese sistema y sus garantías.

Las sentencias judiciales se comentan, se discrepa con ellas o se apoyan sin agraviar ni obstaculizar su cumplimiento.

Lo dispuesto por la justicia se recurre si es contrario a lo que se cree es un derecho, pero agotado el camino del recurso en todas sus instancias, solo resta cumplirlo. No es un tema de oportunidad ni de estrategia. Es un fallo inexorablemente ejecutable si las condiciones legales están firmes.

Las sentencias judiciales, primero las resuelve un Juez que las dicta con la participación plena de las partes, si se apelan, actúa entonces un Tribunal de Apelaciones de tres miembros distintos y superiores al primer juez, que revisa la sentencia apelada, y si corresponde, luego todo es nuevamente revisado por la Suprema Corte de Justicia, compuesta por cinco miembros, con todas las garantías de veteranía, ritualidad y liturgia laica que la ley le impone, al mas alto órgano judicial de la nación.

Cuando la Sentencia queda firme, se resuelve la contienda legal, y no queda otra cosa que cumplirla.

Si no nos cuidamos, nos quedaremos sin justicia. Hay países donde hay juzgados, jueces y fiscales presionados o interferidos, pero no hay justicia, porque ella se va resintiendo gravemente con estas costumbres resistentes, desacatadas y agraviantes.

Si este delicado sistema se desgrana y la confianza se volatiliza, entonces vayamos todos a aprender urgentemente el manejo del facón, el sable o la pistola, porque no habrá otro modo de dirimir los pleitos, que enfrentarse mano a mano, como en las viejas películas del oeste, o como ilustra el siempre vigente Martín Fierro.

Aprendamos a respetar la ley y a sus instituciones, a acatar las sentencias judiciales, aun cuando no nos guste el resultado. De lo contrario la sociedad se degradará y como siempre serán los mas débiles los que pierdan y no los que carezcan de razón, que deben ser los únicos que debieran perder siempre en una sociedad civilizada y en un estado de derecho.

De los que actúan de mala fe, poco puede esperarse, pero a todos aquellos que actúan por reflejo, sin detenerse a pensar demasiado en las graves consecuencias de sus actos, es tiempo de exhortarles una profunda reflexión, antes de que sea demasiado tarde.

Representante Nacional -  Partido Colorado - Uruguay

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