SEÑOR PRESIDENTE
Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra
el señor Diputado Scavarelli.
SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: las cosas tienen un antes y un después de que la Justicia habla; esa diferencia tiene un enorme peso desde el punto de vista ético y es configuradora, a partir de la resistencia indebida por parte de la Administración , de conductas llamadas a responsabilidad.
El Estado ha jugado a muchas cosas, y cuando hablo del Estado me refiero a los tres Poderes. Primero, un buen día se entendió de sana política la supresión de los ingresos en la función pública pero, como la vida es dinámica y la tarea hay que seguir cumpliéndola, se inventó el expoliador eufemismo del contrato, de gente que facturaba como si fuera una empresa unipersonal, pero trabajaba como un empleado público sentado al lado de otro presupuestado.
Claro! Si el empleado público presupuestado se enfermaba, estaba cubierto; salía de vacaciones, tenía licencia; pero el otro tenía dedicación exclusiva y el día que no podía ir, caía como un proveedor más.
Facturaba a un único empleador, que era el Estado, pero se lo seguía considerando una empresa unipersonal. Pasó el tiempo, y la propia Justicia laboral, en todos los escenarios -porque esto también se daba abusivamente en la vida laboral privada-, puso las cosas en su lugar: si una persona factura a un único empleador permanentemente, mes tras mes, año por año, y aumenta las facturas en el porcentaje en que se incrementan los salarios de la actividad a la que se dedica, se le podrá llamar como quiera, pero es un empleado.
Y cuando la Justicia viene y dice: "Usted no puede hacer esto porque está tratando como una empresa a una persona que es un empleado", la Administración , bien asesorada, hace la pirueta y comienza, como en el caso de los guardahílos, a incorporarlos en el planillado de trabajo de la Administración. Y la prueba está, que se me dice que no solo hay aportes a la Caja correspondiente a los empleados públicos, sino que hay jubilados como guardahílos de ANTEL.
Hasta ese momento uno podía tener la duda de que se trataba de una Administración vacilante, de una Administración que no tenía claras las cosas porque estaba aprendiendo el "metier", pero hay un punto de inflexión a partir del cual esto se transforma en inadmisible y es generador de responsabilidad.
Con respecto a contratar abogados frente al atropello, me sorprende lo que he escuchado hoy, recriminando a quien va a buscar un profesional para que le haga valer sus derechos, porque si no puede contratar a un abogado, si no puede ocupar como se permite en la actividad privada, ¿qué le queda? ¿La técnica "bonzo" de incendiarse frente al Directorio?
Entonces, cuando comenzaron las acciones judiciales, inexorablemente -como lo saben todas las personas que manejan temas jurídicos en el país, sin tener demasiada erudición en la materia- la Administración iba a perder los juicios. Frente al curso de juicios que se están perdiendo, ¿cuáles son las actitudes posibles de un administrador? No olvidemos que es un administrador que está de paso, es un inquilino en la función; fue elegido por el pueblo para ejercer esa función y está sometido a todas las responsabilidades.
Cuando ve que los juicios se están perdiendo por cifras muy importantes -porque era inevitable que lo fueran-, cambia las reglas de juego sobre el camino: establece que como en la Justicia laboral le está yendo mal, lo va sacar de esa órbita porque en otra no le puede ir peor. Ese razonamiento no estará escrito en ningún lado, pero sí está escrito a fuego en la cabeza y en el corazón de todos aquellos que están cerca de estos temas. Hablamos de un cambio de jurisdicción, un cambio de competencia a la medida para debilitar el derecho de los reclamantes. Es como si mañana, saliendo de lo jurídico para entrar en lo ético, la Suprema Corte de Justicia se expidiera favorablemente con respecto a los jubilados que han impugnado la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
¿Qué va a hacer éticamente el Gobierno en la hipótesis de que la Suprema Corte de Justicia le diga a ese puñado de gente, que fue asesorada -y que seguramente le van a cobrar por eso; otros no-, que tiene razón? ¿Les va a quitar el Impuesto, pero al resto de los pasivos, sabiendo que es inconstitucional, se lo seguirá aplicando?
Hay reglas que tienen que ver con la ética de la vida pública, cuyo respeto yo atribuyo a todo el mundo hasta prueba en contrario. Pero aquí hay un hecho que no tiene marcha atrás A alguien a quien le van a quedar US$ 500 o US$ 600 mensuales en el bolsillo -US$ 6.000 o US$ 7.000 anuales- no se le puede ofrecer que transe por US$ 15.000 o US$ 20.000 en un juicio que tiene ganado por US$ 300.000. Es imposible; es éticamente inadmisible. Y en política, cuando las cosas tienen precedente jurídico y éticamente se tornan inadmisibles, generan responsabilidad en la forma en que se está ejerciendo la función pública, porque los cargos jerárquicos están destinados a pasar, y llegará el momento en que habrá que rendir cuentas de lo que se hizo y de lo que se dejó de hacer.
A este problema, señor Presidente, creo que hay que encontrarle una solución justa y honorable. Los funcionarios están desempeñando una función que se considera tan necesaria que se está llamando a otros para que la realicen. Es una función complicada, con un nombre que la gente no entiende pero que conoce cuando ellos vienen a su casa a sacarlos de la incomunicación, cuando se meten en sus domicilios y están colgados de los cables, esos que a veces se juntan con los de la energía eléctrica y producen los casos dramáticos que hemos conocido. Para eso, está todo perfecto. Esa gente está dispuesta a desempeñar ese trabajo a la intemperie -según se piensa-, sin ningún tipo de protección.
Es hora de grandeza. Después de que la Justicia ha dicho claramente que son funcionarios permanentes y se les paga como tales, el Estado -que nos representa a todos, no importa el Gobierno que sea- y mucho más una simple administración -por importante que sea el Ente de que se trate- tienen el deber jurídico, ético, moral insoslayable de regularizar definitivamente esta situación funcional.
En ningún caso puede ser puesto en consideración si esas personas tienen o no aptitud para desempeñar el cargo, porque están cumpliendo la función y, como bien decía el señor Diputado González Álvarez, nadie les dijo que eran omisos, ineptos ni delincuentes si fueron buenos hasta hoy para desempeñar la tarea, no veo por qué hay que sacarlos y llamar a otros para darles un estatus que a ellos se les puede negar. Vamos a terminar tercerizando este tipo de funciones. ¿Dónde está esta misma bancada, con otros integrantes, que en la Legislatura pasada se opuso con altura y con hidalguía a estos procesos tercerizadores que afectaban los derechos de los funcionarios?
Hay derecho a la pirueta, pero ¡ojo con estos saltos mortales sin red! Es demasiada pirueta, señor Presidente, salir un día de protector y al otro día de generador de intemperies. Yo sé que es muy difícil ser legislador del partido de Gobierno -me consta-, pero también hay un límite para defender lo indefendible.
Yo creo que, ahora, la gran tarea la tiene la bancada del partido de Gobierno, y quizás ni siquiera dentro de esta Cámara. La tiene saliendo al corredor, hablando por celular desde los pasillos a los Directores y diciéndoles: "Terminen con esta farsa, porque es inmoral".
Esto no puede hacerse con la gente, y yo lamento que estén aquí los guardahílos porque, a veces, esto se puede confundir con discursos dirigidos a la tribuna. Yo hago votos -más allá de algunas sonrisas que por aquí veo de quienes deben de estar acostumbrados a hablar para la tribuna y que alguna vez incitaron a que tiraran monedas a este Parlamento- y me gustaría, por tranquilidad como ciudadano de este país, que efectivamente este problema tuviera una solución justa y honorable, para que este
Directorio de ANTEL pudiera salir, no solo del gobierno del Frente Amplio, sino con la frente en alto, que es tan importante cuando uno tiene que abandonar la función pública.
Gracias, señor Presidente.
(Apoyados)
