Siendo esta la situación, resulta inadmisible que los efectivos estén repartidos por complejos lugares del mundo, enviados por Uruguay, y sin cobrar. Los efectivos uruguayos en el exterior al servicio de ONU lo están en misiones de paz comprendidas en el capitulo sexto o el séptimo de la Carta, pero siempre lo hacen por orden del gobierno nacional que allí los envía.

Como tal, es deber del país el pago de las sumas comprometidas por la prestación de estos servicios de los efectivos nacionales, ya que han viajado y expuesto su vida y salud, lejos de sus familias, en cumplimiento de compromisos asumidos por el país y en misiones autorizadas constitucionalmente por el Parlamento Nacional en cada caso.

No parece siquiera posible imaginar, que el personal uruguayo dependa para el cobro de sus haberes, de la eficacia burocrática de ONU para pagar en fecha o de la solvencia del gobierno nacional para gestionar el pago.

Es absolutamente natural, jurídicamente imprescindible y éticamente un imperativo moral pagar estas sumas por parte del estado uruguayo -que por otra parte esta en condiciones de hacerlo- mientras gestiona el cobro de esos y otros importes a ONU.

Uruguay tiene otras formas de cobrar a ONU compensando cuotas y sabiéndose por todos y sin duda alguna que por los servicios prestados por Uruguay por medio de nuestros compatriotas en el exterior, Naciones Unidas jamás dejará de pagar lo comprometido.

Si el gobierno nacional, entendiera que requiere una autorización legal para hacer este pago mientras llegan los recursos, alcanzará con que envié el proyecto respectivo al Parlamento para que en tramite urgente se apruebe la norma, como por ejemplo sucedió hace poco tiempo atrás, en sesión de Cámara convocada para la noche, cuando penosamente se aprobó sobre tablas un gravoso tema internacional con sumo apuro, solamente para cumplir con un complicado visitante extranjero, que después les dejara vestidos y sin visita.

En el caso de las misiones de paz, estamos ante un servicio que Uruguay cobra y muy bien, por lo que no se trata de un beneficio conceder al personal que esta prestando ese servicio en el exterior, sino que se trata de un pago comprometido por un servicio efectivamente prestado, y que por ende se debe realizar. No se puede pretender que ese personal este pendiente de los trámites en ONU para saber si va cobrar y cuando.

El gobierno de Uruguay debe pagar primero al personal uruguayo en misión, y cobrar luego a Naciones Unidas los importes correspondientes, si es que el pago del organismo internacional se demora. Actuar de otro modo, sería muy difícil de explicar y será sin duda una afrenta que además de indebida, es absolutamente innecesaria, que es lo mismo que decir que es un modo de actuar doblemente malo.-