Uruguay en la legislatura pasada aprobó una ley que aborda el problema de la violencia entre personas con vínculos personales intensos, la gran mayoría de ellos nacidos originalmente del amor y la pasión mal entendidos, aun cuando existen otras variables más soterradas, como los casos menos difundidos de violencia en niños y en personas muy mayores.

El sistema establecido en la ley tiene por fundamento la prevención del drama desatado y el diagnostico de situaciones potencialmente explosivas. Para ello la sensibilización de quienes son victimas y victimarios es esencial, y para este propósito la educación y la transmisión de modelos de vida también es esencial. Lo difícil es superar la superficialidad en la que muchas veces se instala la vida y la relación entre las personas.

La acción de la victima pidiendo ayuda es clave, pero requiere una respuesta eficaz profunda e intensa para que no pueda generar males mayores. Sucede que al mismo tiempo, la denuncia que permite a la autoridad competente intervenir, opera en dos direcciones absolutamente antagónicas entre si, dependiendo el curso de acción de la personalidad del agresor.

Hay casos donde la denuncia opera como un factor disuasorio, que logra el objetivo de pensarse mejor las cosas por el perpetrador de la agresión. Pero en otros casos, esa denuncia cuando no es acompañada por un proceso completo de seguimiento, opera en sentido contrario al deseado, provocando la ira y el descontrol del denunciado con fatales consecuencias.

Por eso es que hoy la definición de perfiles de personalidad, el establecimiento efectivo e inmediato de mecanismos de prevención y protección y en muchos mas casos de los que se piensan, la imposición de un tratamiento sobre la salud mental del agresor denunciado, es clave, como también lo es desarrollar los procedimientos garantistas que permitan diferenciar claramente las situaciones en las que la denuncia se formula falsamente como instrumento de presión para fines pensionarios, de tenencia o de régimen de visitas por ejemplo.

La ley vigente es moderna, adecuada a nuestro medio y le impone al sistema de justicia una pesadísima carga, que no ha sido acompañada de los recursos suficientes con que deben dotarse el mecanismo y las acciones referidas a esta compleja problemática. Fue un motivo de orgullo personal, haber participado intensamente en la redacción de la ley, pero al mismo tiempo nos impone el deber de procurar que su aplicación sirva efectivamente al propósito principal y a su razón de ser: reducir a la minina expresión posible el numero de victimas de una situación que llena de vergüenza a las sociedades de este tiempo.

Se incluyó en la ley el sistema de tratamiento imperativo al agresor por el que tanto bregamos, por cuanto este es un instrumento de justicia terapéutica de creciente aplicación en otras sociedades con problemas similares.

Es verdad que esta violencia no es un hecho nuevo ni reciente, y no debe perderse de vista que la mera existencia de legislación e infraestructura inicial es un aliciente para que las victimas venzan el temor y la vergüenza entre comillas que siempre rodea esta dolorosa e intima circunstancia.

La consecuencia es que también el número de denuncias se incrementa y eleva día a día la estadística, bajo el impulso terrible el alcoholismo, las drogas, y la enfermedad mental no diagnosticada o no tratada. Las muertes, las lesiones gravísimas, las personas golpeadas por sus “seres queridos” que son atendidas por la emergencia médica, están allí, algunas más visibles que otras.

Cuantos casos de suicidio tienen el trasfondo de la agresión sostenida y el desencaje de la esperanza en el futuro de una victima desesperada. Se trata de un tema de nuestro tiempo con el que no debemos transar ni resignarnos, un ineludible deber de todos de afrontar con valor esta vergüenza insultante de nuestra realidad.

Descansa increíblemente en el Parlamento el proyecto de ley de PROTECCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS DE DELITOS VIOLENTOS que presentáramos en la pasada y en la actual legislatura. Inexplicablente esta acción por omisión política, deja de lado la posibilidad de ayudar a proteger a tanta gente hoy indefensa y amenazada, mucho mejor defendidas con sólo implantar alternativas que acercan probadas formas de amparar a quienes están sometidos estos temas, aun cuando se mantienen vivos los discursos emotivos que ya ni conmueven ni educan, sino que solo agravan la responsabilidad de quienes, aún sin quererlo, o por especulaciones políticas tan menores como imperdonables son parte del agravamiento del problema y no de su solución.

Seguiremos insistiendo, también es nuestra responsabilidad hacerlo, superando barreras partidarias y obstáculos artificiosos que un día generarán responsabilidad por tanta omisión contumaciál de sus deberes taquigráficamente registrado en actas. Mientras tanto, la nación debe asumir como suya esta vergonzante realidad, porque detrás de cada delito y de sus victimas está el fracaso de un modo de convivencia que es urgente tarea de todos resolver.