Durante varios años actuamos en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, un área con competencias específicas también en materia carcelaria. En esa función, debimos intervenir mano a mano en indescriptibles situaciones conflictivas dentro esos establecimientos. Allí supimos que de no existir la guardia perimetral a cargo de las fuerzas armadas, gran parte de los presos se habrían fugado.

Es difícil imaginar la gravedad del sistema carcelario. No olvidamos tampoco – y así se lo dijimos- que en muchos casos fue parte de la propia población reclusa la que como ahora destruyó los establecimientos. Las cárceles uruguayas son una caldera del diablo donde el riesgo sanitario es tan crítico como el de la inseguridad. Un día de visita implica la presencia de miles de personas en los principales establecimientos de reclusión, entre visita, custodias y reclusos lo que puede tener consecuencias epidemiológicas gravísimas.

Hoy en las cárceles uruguayas hay más reclusos que los que había cuando hace unos meses se dispuso liberar presos con el increíble fundamento de que no había espacio suficiente donde tenerlos. Pero la realidad es porfiada, y ésta indica que el delito y el número de sus autores se incrementan a diario. La constitución establece la rehabilitación del delincuente recluido, algo prácticamente imposible en estas condiciones, pero impone además claramente el aseguramiento de la privación de libertad.

Esta realidad un día nos golpeará en la cara. Aún cuando tenemos claro que los cometidos permanentes de las fuerzas armadas no son ni la custodia perimetral de una cárcel,  ni  tener que suministrar  espacios físicos donde instalar a los reclusos civiles, la gravedad del problema se impone y lo torna prácticamente inmanejable con la actual infraestructura.

Por aplicación de normas internacionales las fuerzas armadas deben tener capacidad efectiva de manejar prisioneros como resultado natural de cualquier conflicto armado. Esos prisioneros deben estar alojados de acuerdo requisitos establecidos en las convenciones, por lo que toda fuerza militar de un país tiene la capacidad y la preparación para manejar espacios de reclusión. La eficiencia de nuestras fuerzas armadas en materia asimilable es reconocida en decenas de misiones de Paz cumplidas para las Naciones Unidas en las más complejas zonas del mundo.

Proponemos nuevamente el traslado de reclusos a establecimientos militares bajo supervisión de la justicia penal, y en acuerdo con el Ministerio del Interior. Que se comience con aquellos reclusos que voluntariamente lo acepten, y se les instale en estas áreas en ámbitos militares bajo supervisión civil, mientras no se construyan establecimientos de reclusión. Se trata de acordar los mecanismos y de ajustar la infraestructura, porque aun en tiendas de campaña en un área de perímetro asegurado, muchos presos, sus custodias y la sociedad misma, encontrarán la seguridad que hoy no tienen.

Esta es la dura realidad en  un ámbito donde las drogas, la violencia, las armas y el sometimiento a vejámenes inenarrables de todo tipo, son parte indivisible del paisaje en las cárceles mayores del país.

En el manejo de población carcelaria y la aplicación de la disciplina imprescindible para tan compleja convivencia, tiene reglas conocidas. Una de ellas tiene que ver con el principio de progresividad, que asegura al preso que "hace" buena conducta, que tendrá su recompensa. Cuando da lo mismo tener o no buena conducta carcelaria, se torna aun mas difícil el manejo de una cárcel, por un puñado de funcionarios nunca valorados socialmente. Siempre se señalan los casos de corrupción, pero rara vez se reconoce su sacrificio y el de sus  familias ante los riesgos permanentes y de todo tipo a los que están permanentemente sometidos.

Instalar temporalmente centros en perímetros militares, con espacio y seguridad garantizada, permitirán que en lugar de cultivar ocio y depravación puedan cultivar otras cosas.

Es justamente esa parte de la población reclusa que quiere pasar en orden su tiempo de reclusión, la que en definitiva ha evitado -aun sin proponérselo- que el sistema estallara. Seguramente muchos de esos presos pedirán salir del infierno en que están y querrán ser trasladados.

En Uruguay no hay pena de prisión perpetua, por  tanto todo preso un día saldrá en libertad. La esperanza es que salga por lo menos un poco mejor de lo que entró, pero hoy es todo lo contrario. Aunque sólo fuere por instinto de conservación y ante el enorme riesgo que el problema entraña, el tema carcelario a nadie debiera resultarle ajeno.

(*)   Representante Nacional, Partido Colorado. Uruguay.

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