El informe refiere al índice de percepción respecto de la corrupción existente en un país. Dicho de otro modo tiene que ver con la impresión que se recibe por parte de esa entidad internacional respecto de una serie de variables que toma en consideración para emitir su informe. Esa percepción analiza muchos datos, pero siempre comprende un componente que llamaremos "impresionista" de la situación de un país, en un tema tan complejo y con tantas consecuencias de todo tipo, como la corrupción.

El índice que ocupa Uruguay, es realmente un orgullo para la nación.

Más que referir a la falta de, trata de la capacidad de procesar lo hechos de corrupción que afloran. Más allá de la forma de operar el sistema político y sus falencias, la existencia de un poder judicial independiente, profesional y honesto, es sin duda una garantía para el sistema y su imagen. Por eso su salvaguarda debe ser una tarea nacional y un compromiso político y ciudadano permanente, también en lo presupuestal.

Mas allá de esa consideración que hace justicia con el país, y de los hechos que aisladamente se ventilan, lo cierto es que no es tema menor el cuidado que debemos tener en nuestras relaciones internacionales y comerciales, sobre todo cuando participa el estado como parte.

El caso venezolano. Uruguay aparece en este año en el puesto 25 con 6.7 puntos en una escala del 1 al 10 y Venezuela ha quedado comprometidamente situada en el puesto 161 del ranking y con solo 2 puntos sobre 10.Es llamativamente preocupante que Venezuela quedara recostada a los países con percepción de mayor corrupción en prácticamente todo el mundo.

Uruguay debe comerciar con todos, pero ser extremadamente cuidadoso con el grado, magnitud y modo de relación comercial e institucional con países que están dando una negativa imagen en el concierto internacional. Es sabida la importancia de la inversión externa para el desarrollo sostenible de nuestras naciones. Conocido es también, que esa inversión más que con generosidad, actúa por lo menos cuidadosamente, por eso la permanente insistencia sobre la celebración de acuerdos de protección de inversiones, que los países desde donde procede la inversión mayor, piden tener aprobados antes de concretar acciones de inversión específica.

El caso Finlandés es un caso insignia que deber ser considerado un referente entre otros.

Fue así que Finlandia primero aseguró un tratado de protección de inversiones con Uruguay y luego recién desembarcó la efectiva inversión privada más grande de la historia del país.

En ese escenario, donde la percepción -como sucede con la confianza- se gana día a día, el "te diré quien eres", también se solventa con el "dime con quien andas".

Ilícitas valijas con fortunas sin destino conocido aunque de propósito imaginable, forman parte de un modo de acción del que también debemos protegernos y considerar cuidadosamente al tiempo de evaluar estos temas.

Por eso Comercio si y reglado relacionamiento. Siendo y pareciendo, que nunca esta demás. Por esos hemos sostenido que se debiera ir más despacio por las piedras en materia de la actual integración de Venezuela al MERCOSUR. Pero por si fuera poco ahora se nos viene encima la promovida incorporación de Uruguay al complejísimo TELESUR de ahora donde Venezuela es el eje de convenios internacionales de cada país por separado.

Se promueve que integremos una sociedad anónima, una sociedad comercial de derecho privado venezolano que es la propietaria y gestora del canal de televisión originalmente creado por Venezuela y Cuba, donde el gobierno de Venezuela es el petro-socio mayoritario. Con ese fin se ofrece suscribir convenios bilaterales, de cada estado, uno a uno por separado, con Venezuela, cuyo gobierno convenientemente queda como centro.

Este convenio entre Venezuela y cada país que se integre a TELESUR no nos resulta conveniente. Es discutible si Uruguay por este instrumento y como contrapartida para adquirir el diez por ciento del capital inicial que compra sin dinero porque lo pone el gobierno venezolano, no se esta comprometiendo entre otras cosas a que en lugar de emitir selectivamente y por programas, deba distribuir toda la programación del canal, máxime cuando la televisión digital permitirá al país contar con múltiples canales disponibles. Es fácil comprobar como los contenidos de esa programación pueden llegar a perjudicar seriamente la imagen, los intereses y las relaciones internacionales del país.

Esto debe llamarnos a la reflexión serena pero firme. Así lo planteamos días pasados en la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, en oportunidad de la comparecencia de las autoridades ministeriales en la materia, convocados para tratar este complejo asunto.

En definitiva:

Comercio si y con mucho cuidado, por la percepción que se informa se tiene hoy en el mundo respecto del gobierno de Venezuela, que obliga a ser mas que prudentes con las reglas a fijar y cumplir para la mejor protección de los intereses y la imagen del país.

Integración de la Venezuela de Chávez a este anémico MERCOSUR de hoy, mejor que no. Esas condicionantes cumplidas que no hubo para el pretendido ingreso abrupto de Venezuela con votaciones parlamentarias entre plantones presidenciales a cumbres y apuradas sesiones a media noche.

Compromiso con Telesur, el canal de la revolución bolivariana del presidente Chávez, por medio de un Convenio internacional como se nos propone, mejor que no. En todo caso, si así se quiere por el gobierno, debiera alcanzar con bajar algunos de los programas que el canal oficial desde su criterio y responsabilidad asuma emitir. Pero difundir una señal con programación completa, desde una militante plataforma ideológica explícita y muchas veces agraviante, no nos parece oportuno y mucho menos conveniente como escenario de participación y pertenencia oficial del estado uruguayo, justamente en momentos en que el presidente venezolano genera duros e imprudentes enfrentamientos en cuanto escenario puede y de la peor manera. Por si fuera poco, su ministro de comunicaciones es el presidente de la sociedad anónima Telesur, donde – por si no alcanzara- el gobierno de Venezuela es socio mayoritario, tiene un convenio con cada país por separado e impone la jurisdicción y la legislación venezolana para la regulación del dichoso canal.

El convenio que se propone, tiene una vigencia de cinco años como base, por lo que además el compromiso supera largamente a esta administración, que es lo mismo que decir que compromete a la siguiente.

De todos modos, debemos saludar que aun tenemos algunas ventajas comparativas. Baste pensar en la importancia de no haber colocado deuda pública uruguaya en aquel gobierno. Baste ver el complejísimo hecho de que Venezuela es hoy tenedor de deuda pública Argentina por más de cinco mil millones de dólares y va por más. Pero el mal de muchos no es consuelo inteligente, por eso lo del principio, se debe cuidar celosamente con quien anda el país en su transitar, porque como nunca antes, ese con quien andas tiene, que ver con el modo en que se le considera que es.

Legislador Nacional- Partido Colorado - Uruguay

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