Los gobiernos de los estados quieren enfrentar el narcotráfico con armas de alto poder. Y para hacerlo han pedido al Ejército granadas para sus policías.
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas han solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorización para dotar a sus policías locales de granadas de fragmentación para equilibrar fuerzas con los cárteles de la droga.
Oficios de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Sedena, obtenidos por MILENIO mediante la Ley Federal de Transparencia, revelan que el Ejército ya ha entregado este tipo de explosivo a varios estados y estudia repartirlo a otros más para reducir la disparidad en el poder de fuego con el crimen organizado.
Desde 2009 han recibido granadas las policías de Zacatecas, que tiene 100; Guerrero, con 180, y Coahuila, con 150, además de Yucatán, estado que inició esta tendencia de armar con explosivos pesados a sus fuerzas de seguridad locales.
Otras entidades están a la espera de tener este armamento. Los registros de la Defensa Nacional detallan que en los últimos dos años ha recibido solicitudes para la adquisición de 5 mil 972 granadas de fragmentación de Guanajuato, que pidió 400, Jalisco, 220, y Veracruz, 156, entre otros.
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Pero también hay riesgos al permitir que armas de alto poder pasen de la Federación a los estados. Una investigación documental de este diario da cuenta que la Defensa Nacional enfrenta el dilema de equipar a las policías estatales (de las que desconfía), a sabiendas de que el equipo puede terminar en el mercado negro y en manos de sicarios.
Por un lado, los gobernadores quieren rifles de mayor calibre, más balas y ahora también granadas de fragmentación para hacer frente a la delincuencia. Por el otro, decenas de armas destinadas a las policías en los estados, compradas con recursos públicos, se han perdido y esfumado de los arsenales policiales en los últimos años para terminar, presuntamente, en manos del crimen organizado.
Peticiones de entidades
De acuerdo con datos de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, desde 2009 los gobiernos estatales han solicitado al Ejército una cifra récord de permisos para adquirir más de 100 mil armas automáticas, incluidos rifles de asalto, ametralladoras y pistolas. El objetivo es equipar a sus policías con armas de grueso calibre y reducir la desventaja que tienen frente a la delincuencia organizada.
El Estado de México encabeza la lista con 11 mil 305 armas largas solicitadas a la Defensa Nacional. Le siguen Puebla, con 9 mil 559; Guanajuato, con 8 mil 629, y Jalisco, con 8 mil 32. También hay estados afectados por la guerra entre y contra los cárteles de la droga, como Michoacán, con 7 mil 562; Tamaulipas, con 7 mil 377; Sinaloa, con 5 mil 813, y Chihuahua, con 4 mil 818.
En total, las entidades han pedido al gobierno federal 119 mil rifles y pistolas de alto poder. Sin embargo, según la respuesta de la dependencia a la solicitud de transparencia 0000700182110 realizada por este diario, el Ejército descubrió que las secretarías de Seguridad Pública, procuradurías y policías de una treintena de estados y municipios han reportado la “pérdida” de las armas que les fueron entregadas para combatir a la delincuencia.
Sólo en 2010 las siguientes policías estatales reportaron la pérdida y robo de armas: Oaxaca, con 2 armas cortas y tres largas robadas; Veracruz, dos cortas; Puebla, siete cortas y cuatro largas; Guanajuato, tres cortas; Chiapas, cuatro cortas; Nuevo León, 12 cortas y dos largas; Guerrero, 10 cortas y seis largas; Hidalgo, dos cortas; Michoacán, dos cortas y tres largas; Nayarit, dos cortas y una larga; Tabasco, una corta y una larga, y Sonora, dos cortas y una larga, entre otros.
Mención aparte merece Chihua-hua. El año pasado investigadores militares descubrieron que la SSP del estado perdió 93 armas. Un total de 36 pistolas y 57 rifles de alto poder, que le fueron entregados a policías chihuahuenses por el Ejército mexicano, simplemente se desvanecieron.
No sólo las corporaciones estatales han perdido armamento. La PGR reportó la desaparición de 10 pistolas y un rifle de asalto de sus arsenales, mientras que a la Policía Federal le “robaron” dos pistolas escuadra y dos rifles Heckler & Koch de alto poder.
En resumen, la Defensa Nacional tiene registro de que 156 pistolas y 97 rifles asignados a corporaciones estatales, armas que fueron adquiridas para enfrentar la crisis de inseguridad del país, “están perdidas”, presuntamente en manos de quien debía haber sido combatido con ellas: el crimen organizado.
Iniciativa polémica
••• La decisión de permitir a policías estatales equiparse con armas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea data de 2008. Fue uno de los acuerdos más polémicos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de ese año, proyecto encaminado en un principio a reducir la “brecha de calibres” entre criminales y fuerzas locales.
Sólo el gobierno de Ivonne Ortega en Yucatán decidió solicitar de arranque las granadas. El proyecto fue criticado en su momento por especialistas (MILENIO 01/09/09), al considerar que representan un altísimo riesgo de ser desviadas al mercado negro y generar daños colaterales.
“Son instrumentos de guerra utilizados en un enfrentamiento entre dos ejércitos, por lo que usarlos en el combate a la delincuencia cuestiona la democracia de un Estado”, aseguró entonces Georgina Sánchez López, directora del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.
La investigadora alertó que el poder de estas armas “no respeta” a las personas ajenas a un enfrentamiento. “Podría ocurrir un accidente y dañar a civiles; hay riesgo de equivocaciones, por eso no son la mejor forma de atacar (al hampa)”, dijo.
