“La brigada va a ser instalada el 30 de junio”, informó a MILENIO el coronel Rony Urizar, portavoz del Ministerio de la Defensa de Guatemala. “La defensa de la población es una responsabilidad de esta institución armada y se apoyará con la seguridad pública y ciudadana al combatir a grupos del crimen organizado.”

La brigada estará compuesta por 500 soldados y tendrá en su núcleo a un batallón kaibil de cerca de 300 comandos, elementos entrenados para emprender misiones de combate en condiciones selváticas, justo como las que existen en la frontera con México.

El nuevo cuerpo castrense —que incluirá francotiradores, expertos en operaciones de búsqueda y destrucción, incursiones nocturnas, demoliciones y rescate de rehenes— estará basado en una zona caliente: a 100 kilómetros de la frontera con México (Chiapas), en el poblado de El Subín. Simbólicamente su base de operaciones estará a menos de media hora del sitio donde hace un año, el 15 de mayo de 2011, 27 personas fueron masacradas y decapitadas por Los Zetas en una finca. El incidente detonó una crisis política y social que aún no cierra del todo en Guatemala.

“Estos kaibiles van a estar involucrados de lleno en la actividad operativa en el Departamento del Petén, que es uno de los que tiene mayor incidencia de movimientos de narcotráfico y otros ilícitos”, sostuvo Uriza. “Se va a recuperar la presencia del Estado”.

Su área de responsabilidad se enfocará a una franja de unos 300 kilómetros cuadrados de selva, en el municipio fronterizo de La Libertad, actualmente explotado y disputado por el cártel de Sinaloa y Los Zetas para el transporte de cocaína desde Sudamérica. “La zona está repleta de pistas clandestinas”, comentó un militar guatemalteco.

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El despliegue de kaibiles y otros militares de élite a la frontera con México es una promesa de campaña del actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El mandatario, ex general kaibil, planteó utilizar al estandarte de las fuerzas armadas guatemaltecas como puntal en el combate al crimen organizado. Basó buena parte de su campaña en la promesa de recuperar la seguridad en el país.

Y es que los efectos de la presencia del narco mexicano en este país centroamericano se han hecho cada vez más evidente. En 2010 un informe del Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono reveló que Guatemala se encontraba al borde del precipicio, con una de las tasas de homicidios más altas de Centroamérica (41 asesinatos por cada 100 mil personas, el doble que en México) y recortes presupuestales que tenían a su policía nacional en números rojos.

A ese difícil panorama se suma la posición geográfica del territorio guatemalteco —justo en medio de la ruta que conecta a Colombia con Estados Unidos— y el efecto cucaracha generado por la ofensiva antinarcóticos en México iniciada en 2006-2007.

“Guatemala experimenta una crisis de grandes proporciones. A menos que Estados Unidos haga algo, la región puede ver el surgimiento del primer narco-Estado en el istmo de Centroamérica”, advirtió entonces el mismo instituto (MILENIO, 22/09/2010).

Hasta el momento Washington ha entregado a Guatemala menos de 30 millones de dólares en asistencia antinarcóticos, una cifra inferior a la asignada a México o Colombia. El gobierno guatemalteco ha insistido en que requiere más asistencia o que es necesario pensar en la legalización de las drogas como alternativa.

Estados Unidos no ha optado por una u otra. En tanto Washington define qué hacer, la administración de Pérez Molina ya tiene un plan B: mandar kaibiles a la frontera.

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Uriza admitió que en los cálculos del Ministerio de la Defensa está la posibilidad de que los cárteles mexicanos emprendan una escalada de violencia similar a la que vivió México en su frontera norte, luego de que el presidente Felipe Calderón envió al Ejército y la Marina a combatir al crimen organizado.

“Esas suposiciones existen. Somos vecinos y las mismas amenazas que tiene México las tenemos nosotros. México, al hacer presión, baja el crimen organizado hacia territorio nuestro. Y, definitivamente, esa es una de las preocupaciones del presidente (…), pero es una obligación del Estado proteger a la gente y velar por el bien común”, dijo.

Precipicio, escalada o solución, ahora el gobierno de Pérez Molina —que prometió en enero pasado que en seis meses se verían mejorías en la seguridad del país— echa mano de lo mejor de su Ejército para tratar de recuperar el control sobre la selva del Petén, cuya ubicación junto a México y sus zonas de difícil acceso la hacen particularmente vulnerable al crimen organizado.

“Lo que se va a buscar es fortalecer la presencia del Estado en el área”, expuso Uriza. “Recordemos que cuando se llevó a cabo el proceso de paz, en los acuerdos hubo un compromiso de que el Ejército se reduciría 33 por ciento. Pasamos de 53 mil elementos a 31 mil 400. Y en 2004 se realizó una segunda reducción que dejó al Ejército en 15 mil 400 hombres. Eso implicó que todos los destacamentos que se tenían en las fronteras se retirarán. Y entonces ya no llegó el Estado”.

En los próximos meses el gobierno guatemalteco extenderá su ofensiva a otras partes de la frontera. El Ministerio de la Defensa ya estudia la creación de una nueva unidad mixta —compuesta de militares y policías— para tratar de controlar otra zona caliente: Tecún Umán, ubicada justo enfrente de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

 * Escuchar reportaje radial:

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**Víctor Hugo Michel, enviado

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