Equipados por Washington, bajo órdenes del gobierno mexicano y asesorados por observadores de la DEA, los “caza capos” han llegado a convertirse en una unidad de extrema confianza para Estados Unidos, una a la que la embajada asiste continuamente y permite acceso a información clasificada de agencias de inteligencia estadounidenses.
Conocidos también como Unidad de Investigaciones Sensibles (SIUs por sus siglas en inglés), los “caza capos” han sido entrenados desde 2002 en tácticas especiales en la academia de la DEA en Quantico, Virginia y se encuentran basados en la unidad modelo que encabezó la cacería de Pablo Escobar en Colombia.
Sus integrantes provienen de la PGR, la Policía Federal y las secretarías de la Defensa y Marina, según revelan documentos oficiales estadounidenses consultados por MILENIO.
Tan solo entre 2006 y 2010, los agentes SIU participaron en la caída de al menos cuatro lugartenientes mexicanos de alto nivel y recibieron 40 millones de dólares de fondos públicos para pago de salarios, equipo, entrenamiento y asesorías.
Y tendrán casi once millones más en 2011, año que la DEA se ha planteado como el de su relanzamiento, según se desprende de una solicitud presupuestal hecha este mes por la DEA al Congreso de Estados Unidos y a la que este diario tuvo acceso.
“El programa SIU busca crear unidades antinarcóticos bien entrenadas y enfocadas con gran carácter moral e integridad en distintos países. Muchas investigaciones relacionadas a objetivos de alto nivel están siendo desarrolladas por estas unidades. Por ende, la expansión del programa SIU en México en 2011 es una prioridad crítica”, se expone en la solicitud bajo análisis legislativo.
Actualmente, la DEA tiene unidades SIU en Colombia, Afganistán, Tailandia y México, entre otros países de alto valor estratégico en el combate al narcotráfico. La unidad mexicana es la más grande del mundo, con casi 200 miembros.
De acuerdo con la solicitud presupuestal, los “caza capos” serán reforzados en 2011 como nunca antes; después de varios años de bajas se elegirá a nuevos elementos de entre los cuerpos de seguridad mexicanos, hombres y mujeres que tendrán que ganarse la confianza de Washington mediante pruebas periódicas de polígrafo, análisis de orina y sangre además de entrevistas en sus hogares –para determinar que su nivel de vida no supere sus ingresos—y mediciones psicológicas.
En resumen, tendrán que demostrar que son estables mentalmente y prácticamente incorruptibles. “La DEA y el gobierno de México negocian en este momento un incremento al tamaño del programa para llevarlo a su máximo techo de 250 miembros”, se expone en el documento.
Actualmente, el programa de SIUs en México está dividido en dos unidades, una de “Análisis Táctico” dedicada a recopilar información de inteligencia con 90 miembros y otra conocida como “Unidad de Operaciones”, a la que se encargan tareas de alta complejidad y peligro.
Para convencer al Congreso de ampliar los fondos de los SIUs en 2011, el Departamento de Justicia y la DEA no escatimaron elogios para los “caza capos” mexicanos, a los que definieron como “cruciales” para aumentar la efectividad del combate a los cárteles.
“La DEA quiere atacar a carteles mexicanos clave reforzando sus alianzas estratégicas mediante el desarrollo adicional del programa SIU en México”, se explica en el documento presupuestal de circulación limitada. “Los oficiales SIUs son clave y son participantes esenciales en operaciones de intercepción en México”.
¿PROGRAMA INFILTRADO?
Pero no todo ha salido acorde a plan en el que bien a bien es el programa estrella de Washington en México.
En 2007 y 2008, al menos una docena de agentes de la Policía Federal y la PGR integrados al programa SIU del gobierno de Estados Unidos fueron ejecutados por sicarios (MILENIO 23/06/2008), entre ellos José Nemecio, coordinador de Información contra la Delincuencia de la Procuraduría y Edgar Millán, comandante federal, lo que prendió las alarmas en la embajada estadounidense ante una posible filtración de sus identidades.
Al respecto, en su solicitud presupuestal –remitida a los comités de Justicia y Presupuesto de la Cámara de Representantes y el Senado—la DEA se limita a señalar que se vio forzada a hacer “cambios estratégicos” en la forma de operar de las unidades mexicanas.
“En respuesta a la creciente violencia entre los carteles de la droga en México, la DEA ha analizado los retos enfrentados por sus contrapartes mexicanas y decidido hacer cambios estratégicos a su programa de Unidades de Investigaciones Sensibles en México”, se expone lacónicamente.
Coincidencia o no, tras los asesinatos de los últimos años, la DEA urgió a Washington dotar de fondos adicionales a las SIUs con miras a permitirles contar en 2011 con equipo de protección personal como chalecos antibalas y camionetas blindadas.
“Las actividades cotidianas de inteligencia y ataque al narcotráfico de los SIUs mexicanos están limitadas debido a la falta de equipo de seguridad y automotores blindados”, alertó la Agencia Antidrogas. “Los recursos solicitados financiarán operaciones adicionales, entrenamiento, viajes, equipo para intercepción de comunicaciones y vehículos blindados para los agentes SIU actuales y los que serán contratados”.
“COORDINACIÓN” EN CAMPO
El informe detalla que, quizá polémicamente, los “caza-capos” mexicanos no operan por su cuenta, sino que son asesorados en sus operaciones de campo por agentes de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, la DEA.
“Lo que el programa SIU hace es utilizar personal de la nación y la experiencia de la DEA en intercepción de comunicaciones para atacar a los carteles”, se añade. “Todos los agentes SIUs deben trabajar bajo la guía y dirección de un agente especial de la DEA”.
Legalmente, por cada 15 oficiales “caza-capos”, la DEA debe tener a un asesor, es decir, alrededor de 15 agentes estadounidenses coordinan, en territorio mexicano, a los 200 integrantes del programa antinarcóticos más confiado por el gobierno de Estados Unidos.
