Creadas originalmente para proteger ejidos y enfrentar retos no mayores al robo de ganado, desastres naturales o rencillas entre campesinos, las Defensas Rurales del Ejército mexicano viven uno de los momentos más difíciles de su historia: desplegados en zonas en las que se cultiva o se trafica droga —y con pocas posibilidades reales de protección—, sus integrantes se han vuelto blanco de intimidación, secuestro y homicidio por parte de los mucho mejor equipados cárteles del narcotráfico.

“La problemática de inseguridad pública ha sido un importante obstáculo que intimida el accionar de los Defensas Rurales”, reconoció el director general de este cuerpo militar, el general de brigada José Candelario Jaime Contreras López.

Como parte del informe de Libro blanco que le será entregado a su sucesor, admitió que la inseguridad “ha inhibido en alguna forma (su) actuación”, al grado de que “sus resultados se han visto disminuidos”.

Una investigación de MILENIO basada en cuatro solicitudes de transparencia y el Libro blanco SDN-MD-24, de la Secretaría de la Defensa Nacional —que recopila incidencias enfrentadas por los rurales en el sexenio pasado—, detalla que han sido varias las peticiones de auxilio de integrantes de estas unidades al alto mando del Ejército ante la sistemática “intimidación” contra sus elementos, en su mayor parte ejidatarios.

Las quejas han llegado a lo más alto. “Los Defensas Rurales (…) han manifestado (su preocupación) no solo a los comandantes y a los mandos territoriales, sino de manera directa al director y subdirector de esa dependencia, e incluso a funcionarios superiores”, se revela en el informe SDN-MD-24.

***

Alejados de la mayor atención pública que se suele dar a otras unidades más conocidas del Ejército, los rurales cierran el sexenio de Felipe Calderón y abren el de Enrique Peña Nieto con su propio conteo de bajas, inédito para un cuerpo castrense que no actúa en operativos de alto impacto y que está integrado, en buena medida, por voluntarios sin paga a los que se arma, no con rifles de asalto o granadas, sino apenas con mosquetones de cerrojo, útiles en disparos de larga distancia, pero prácticamente inservibles en combate cercano.

Después de haber librado 2007, 2008, 2009 y 2010 sin ninguna pérdida de vidas, en 2011 y 2012 sufrieron 21 ataques armados.

El saldo a detalle refiere que en 2011 cuatro integrantes fueron secuestrados, torturados y, posteriormente, ejecutados, de acuerdo con datos obtenidos mediante la ley Federal de Transparencia. La cifra escaló para 2012: en lo que va de este año otros seis soldados rurales han sido asesinados, el número más alto desde su conformación moderna, en 1974. En ese mismo periodo otros 11 soldados fueron dados de baja por heridas y accidentes incurridos en su servicio.

El resumen de la situación por la que atraviesan los rurales incluye otro hecho inédito: la desmovilización de un batallón entero, retirado en 2007 de Tamaulipas a causa del temor a represalias del narco. Ese fue el caso del cuarto Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, cuyo comandante propuso su desaparición por razones de seguridad.

“El comandante de la octava Zona Militar (de Reynosa) expuso al alto mando del Ejército la problemática del cuarto cuerpo, derivada de la alta incidencia delictiva en ese estado, con el objeto de que se determinara la factibilidad de solicitar su receso, cese o reubicación”, se detalla en elLibro blanco.

Ese mismo mes, el Estado Mayor de la Defensa Nacional aceptó la petición de desaparición del cuarto Cuerpo de Caballería rural “por no ser necesarios sus servicios para la Sedena”.

La percepción de que los rurales están en peligro ha llevado a la Defensa Nacional a reservar todos los datos sobre cuántas unidades permanecen operativas después de cinco años de inseguridad y desgaste. Si bien en 2005 reveló a detalle las ciudades en las que estaban basados sus 26 batallones de infantería y caballería, para 2012 cambió sus criterios: la información se reservó ante el riesgo de que sus integrantes fueran blanco de más represalias.

“Debido a la participación que el Ejército y la Fuerza Aérea tienen en la lucha contra las organizaciones delictivas y del narcotráfico, el personal militar y sus derechohabientes pueden ser objeto de secuestro, cooptación o ataques armados”, sostuvo la dependencia federal en sus argumentos de reserva.

***

En algunos casos la reacción de los ejidos ante la intimidación de la delincuencia ha sido no ceder. Desde 2008, ante la inseguridad que priva en distintas partes del país, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió y aprobó la creación de varias nuevas unidades rurales.

En total, ocho han entrado en línea. Según la respuesta a la solicitud 0000700107212, la mayoría de las peticiones aprobadas han venido del sur y centro de México, de estados como Yucatán, Chiapas (con tres batallones creados), Tlaxcala y el Estado de México. A esta lista se suma San Luis Potosí.

Nuevamente y como en la otra petición, la Defensa Nacional reservó los datos relativos al ejido en el que se basarán los guardias rurales para no avisar a la delincuencia.