Tan deteriorada es la situación que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, propuso hace unas semanas al Congreso desaparecer por completo a las policías municipales. ¿Sería la solución? Los especialistas en el tema dicen que no porque no se ha hecho lo suficiente para eliminar los salarios miserables y el dilema al que se enfrentan los agentes de elegir entre el dinero o el plomo del narco.

Hay muchos ejemplos. Diciembre de 2007, municipio de Metepec, estado de México: no hubo director de Seguridad Pública por seis meses, luego de que el anterior fuera encarcelado por corrupción. El alcalde reconoció que nadie quería “entrarle” al puesto. Junio de 2008, Poanas, Durango: renuncia la directora de Seguridad Pública y 20 subordinados de un total de 40, un día después de que un comando ejecutara a tres agentes estatales mientras dormían. El poblado permaneció más de dos semanas sin efectivos ni mando. Tepehuanes, Durango: el alcalde Alfonso Peña Peña se puso a patrullar él mismo las calles luego de que le renunciaran los 20 policías locales por amenazas del narcotráfico. El municipio quedó con sólo tres agentes durante 14 meses.

Después de tantos arraigos, detenciones y despidos, la corrupción permaneció en las policías porque no cambiaron las leyes, los incentivos y el diseño institucional. Un elemento sin adiestramiento ni expectativas de crecimiento laboral, con 3 mil pesos de sueldo y expuesto a los sicarios del narcotráfico nunca será un buen servidor público.