Si efectivamente esos 207 millones de dólares son dinero de actividades ilícitas, no deben perderse. Zhenli tiene pleno derecho a su defensa. Debería hacerlo ante las autoridades mexicanas, no en los medios ni amparado en un estratagema legal que pretende explotar en beneficio particular una debilidad del sistema político mexicano: la opacidad financiera de procesos electorales.

Las autoridades mexicanas deben comprobar que el dinero tiene un origen ilícito para confiscarlo y repartirlo entre la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, como prevé la ley. Si no es así, tendrán que devolverlo a su dueño, por muy extraño que parezca que alguien guarde en el clóset esa suma.

Pero si las autoridades están obligadas a fundamentar cuidadosamente sus cargos, también lo está la defensa, que hasta el momento deja evidentes lagunas argumentativas como ¿por qué estaría ese dinero en marzo de 2007 acumulado en una casa propiedad del señor Zhenli Ye Gon, cuando la campaña terminó en julio de 2006?

El 2 de julio, para ser exactos, misma fecha en la que, 12 meses después, intencionadamente se da a conocer la entrevista en la que, por los fragmentos conocidos, quien se presenta como empresario farmacéutico aduce haber recibido amenazas de muerte: “Coopelas o cuello”.

Mas allá del humor involuntario, el caso llama a una seria reflexión en varios niveles. El primero es ¿cómo entró tanto dinero de origen estadounidense en efectivo a México? El segundo es ¿quién le facilitó su entrada y acaso permanencia a la Unión Americana al prófugo? El tercero es ¿para qué sirven las famosos fichas rojas de la Interpol, si el buscado por ellas camina tranquilamente por la calle?

También cabe una llamada de alerta a no confiarse dados los niveles de protección internacional evidentes en el caso y que, como sugieren fuentes de la PGR, hacen sospechar una posible colaboración del prófugo en esquemas de testigos protegidos. Perder el dinero, si éste se originó de un ilícito, sería inaceptable. No sería sin embargo la primera vez que eso ocurriera. Hace seis años, Rigoberto Gaxiola, de Hermosillo, Sonora, recuperó 190 millones de dólares que le habían sido decomisados porque nadie en el gobierno mexicano le pudo probar que eran malhabidos. No se perdieron, los perdió quien no supo, no quiso o no pudo litigar contra enemigos de muchos recursos.

La hora de las policías no ha terminado. No fue suficiente la cooperación para asegurar el dinero, hay que ir tras su dueño, y claro que no es aceptable pretender negociaciones en la hora de los abogados y los políticos.

El caso requiere transparencia, legalidad y corresponsabilidad a lo largo del gran círculo de tiza que ha dibujado un asunto que, literalmente, está en chino.