El foco infeccioso que representa el conflicto provoca calenturas en la República; como muestra, el sabotaje reivindicado por el Ejército Popular Revolucionario la semana pasada. Urge una cura definitiva para ese mal que amenaza al cuerpo nacional.

El año pasado, “appistas” y maestros disidentes evitaron la celebración de la fiesta tradicional del Lunes del Cerro, la Guelaguetza, como se le conoce popularmente, programada ahora para los próximos días 23 y 30 de julio. En ese entonces, los maestros que reclamaban mejores salarios fueron apoyados por grupos agraviados por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Ayer el conflicto se reanudó, ¿por qué? Por un confuso enfrentamiento entre policías municipales y estatales contra maestros de la sección 22 del SNTE.

Otra vez se mezclaron protestas sociales, intereses políticos y torpezas oficiales.

La ciudad de Oaxaca se sumergió de nuevo en un caos de edificios públicos tomados, calles cerradas con barricadas, vehículos quemados y enfrentamientos callejeros. El saldo del año pasado fue de decenas muertos y centenares de heridos y encarcelados. Por fortuna, ayer no hubo más que lesionados; suena paradójico plantearlo en estos términos, pero pareciera que estamos agradeciendo que la violencia no se desborde, que haya bienes materiales dañados pero no vidas perdidas.

¿Cuál es el umbral de dolor social que estamos dispuestos, como sociedad, a ver episódicamente reaparecer en Oaxaca?

El ministro de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, declaró el mes pasado que era necesaria la intervención del alto tribunal para hacer justicia en ese estado. Tiene razón y los resultados urgen.

Tampoco los actores del conflicto parecen dispuestos a entenderse mediante el diálogo. Hay una obcecación en ambas partes que ha conducido a un estancamiento en la búsqueda de soluciones políticas. Los reclamos se acompañan de violencia y provocaciones mutuas.

La posiciones se han radicalizado y contribuyen a complicar un panorama nacional marcado por la expansión del crimen organizado y, ahora, por los actos de sabotaje, atribuidos a un grupo guerrillero con orígenes oaxaqueños.

La reactivación del problema en el estado no es sino una clara señal, por si se necesitara alguna más, de la urgencia de atenderlo para una solución de fondo que contenga el malestar derivado de esta herida abierta.

Oaxaca no puede estar a merced de un puñado de personas que ya han probado su capacidad para poner en jaque a un gobierno inhábil. Tampoco se merece ser administrada por políticos que anteponen sus intereses particulares a cualquier otro precepto.

Ni el gobernador Ulises Ruiz ni la APPO se dan cuenta de que ambos pierden con su enfrentamiento; peor aún, pierde México.

Es tiempo de entrar al quirófano para una operación mayor. El Congreso y el Ejecutivo federal no pueden ver este cáncer como benigno. El federalismo no es excusa para la inacción.