Continuaron sobornando a policías y/o militares delincuentes, a los fiscales que documentaban sus casos, a los jueces que los evaluaban y a los custodios que los vigilaban. Extendieron amenazas a medios de comunicación y a políticos.

Algunos resistieron, otros no. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hizo una revelación trascendente al confirmar que la PGR investiga al presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, por presuntos nexos con el narcotráfico que disputa a ráfagas de ametralladora y decapitados el control del balneario, cuyo prestigio turístico sufre conforme arrecia la batalla.

El alcalde perredista, conocido como diputado por sus espectaculares denuncias y sus excentricidades varias, ha insistido en que todos los cárteles de la droga lo han amenazado de muerte, lo que no es prueba de inocencia ni le exime de tener que rendir cuentas y cooperar con la investigación en curso.

Desde su partido los senadores Carlos Navarrete y Ricardo Monreal recuerdan que los sospechosos son técnicamente inocentes en tanto no se demuestre su culpabilidad. Aunque dicen no meter la mano al fuego por nadie y subrayan igualmente la necesidad de mantener la secrecía de las investigaciones en tanto no se finquen responsabilidades.

Es un exhorto válido en una arena política crispada donde el que no resbala cae. Entre los acusados por los delitos contra la salud y crimen organizado se encuentran personajes de todos los partidos, como Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, miembro del PRI, y el diputado panista Saúl Rubio, quien fuera acribillado por sus vínculos con un narcotraficante conocido con el sobrenombre de El Ceja Güera.

Los ilícitos relacionados con esa actividad socavan los cimientos de la convivencia social de una manera preocupante.

Compañeros periodistas han sido asesinados, desaparecidos, secuestrados, heridos por los sicarios del crimen, cuando han pretendido ir más allá de los informes policiacos de rutina e indagan en el bajo mundo el enriquecimiento repentino de personas que no tienen empleos ni negocios legales particularmente lucrativos.

Eso cuando no han optado por la autocensura para preservar la vida. Un silencio que pone en peligro el derecho de la sociedad a informarse y que recorre ominosamente el país penetrando ya en plazas donde la prensa tiene una madurez comprobada, como Monterrey.

Apegados a la ley, y con el debido cuidado para autoridades y prensa, han de hacer sus respectivos trabajos. Dejarle el espacio a los narcotraficantes para grabarse a sí mismos, a sus cómplices, o a sus enemigos y subir esas grabaciones a internet, como lo hacen, con objeto de intercambiar mensajes o amenazas es una práctica aberrante.

Ante un reto que no le es ajeno a nadie, la impunidad en cualquier campo es impensable. La solidaridad, en cambio, no debe regatearse a quienes resisten al narcotráfico, porque mañana el atacado puede ser cualquiera de nosotros.