Las condiciones que prevalecieron en el recinto legislativo de San Lázaro estuvieron encuadradas en uno de los escenarios previstos: que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática tomaran la tribuna, sin permitir el desenvolvimiento del acto, lo que llevó al Presidente de la República a sólo entregar por escrito su informe.

Lamentable por lo que representa en la de suyo compleja relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en nuestro país, el suceso trajo, sin embargo cierto alivio frente a la preocupación despertada en la víspera por el riesgo de violencia entre manifestantes y fuerzas del orden o incluso entre legisladores. Dentro y fuera de San Lázaro privó en los grupos involucrados una prudencia expresada en los hechos y que debe ser ponderada.

Lo ocurrido ayer, sin duda determinado por el conflicto postelectoral que este día alcanza los dos meses, abre por otro lado interrogantes sobre la ceremonia del Informe Presidencial, que quizá nunca vuelva a ser igual. Tan inquietante resulta el agravio cierto que presenciamos contra la institución presidencial, como la falsa percepción de que un mensaje emitido por radio y televisión puede sustituir el ejercicio de rendición de cuentas que la Constitución dispone que sea cumplido ante el Congreso.

Lo que vimos fue un hecho excepcional en la historia contemporánea de nuestro país y merece una reflexión seria sobre la responsabilidad, pasada y presente, que tienen todos los actores políticos y partes involucradas en este acontecimiento.

Sin embargo, también es un hecho que los mexicanos hubiéramos querido ver ahí a nuestros representantes populares en un ejercicio de tolerancia y democracia, donde incluso las diferencias y reclamos más sentidos y airados hubieran seguido cauces constructivos. Pero no fue así, y esto es verdaderamente lamentable.

Con todo, ahora iniciamos un tiempo político en el que la coalición Por el Bien de Todos tiene la enorme responsabilidad de echar mano de todas las herramientas constitucionales para dar salida a sus reclamos, y de reconocer que sus legisladores ostentan la representación de una parte importante de la ciudadanía del país, pero que no son el todo de la patria y que, por lo mismo, tienen la alta encomienda de enaltecer sus principios y responder a México con honor y prudencia.

También será vital que los partidos políticos y el gobierno federal asuman su parte en el fracaso del ejercicio de la política y coadyuven a ponerle fin a este episodio de incertidumbre nacional. Nadie puede estar al margen de esta tarea.

Sólo el diálogo y la concertación entre todas las fuerzas políticas de México pueden ser las vías aceptables para encontrar soluciones válidas y legítimas a una crisis que no puede prolongarse, porque a nadie conviene.

Las salidas de fuerza no son opción y, por lo mismo, los mexicanos estamos obligados a dirimir en paz nuestras diferencias, y a evitar todo aquello que la violente.

Es tiempo de que los políticos -cada uno y todos- actúen con responsabilidad y desempeñen honorablemente el mandato que les hemos otorgado.