Petróleos Mexicanos, la muy rica empresa estatal limitada en su operación por los elevados impuestos que paga, las cuantiosas canonjías que otorga a su sindicato y su generosidad con proveedores y contratistas, es además presa de los abusos de algunos de sus funcionarios principales.

Hace dos años, el director Raúl Muñoz Leos renunció por haber cargado a la empresa los gastos de cirugía estética de su esposa, que ascendieron a 163 mil 244 pesos, cantidad que debió reembolsar.

Hoy, el subcontralor corporativo de responsabilidades y atención ciudadana, Federico Domínguez Zuloaga, que documentó aquel caso, fue despedido por pasar a la empresa la cuenta de 212 mil pesos de la cirugía dental de su mujer.

El despido fue acordado por la Secretaría de la Función Pública y la Dirección General de Pemex.

También se averigua la concesión de una beca por parte de Petróleos Mexicanos a Alfredo del Mazo, hijo del acaudalado ex gobernador y ex secretario de Energía del mismo nombre, para hacer un posgrado en la Universidad de Harvard, de parte de Juan José Domene Berlanga, al margen del reglamento vigente en la paraestatal.

El senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, es investigado por la Cámara de Diputados por favorecer con contratos de transporte a parientes, como director de Pemex Refinación en años pasados. La investigación corre a cargo de la misma comisión legislativa que indaga los negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de la primera dama.

Petróleos Mexicanos no es, desde luego, el único sitio donde la corrupción ocurre, ni es privativa de sólo algunos funcionarios. Baste mencionar el robo de combustible de los oleoductos, en el que la empresa pierde cientos de millones de dólares anualmente.

Si bien estas acciones deplorables no son un asunto reciente, es necesario recordar que una de las banderas de Acción Nacional, cuando era oposición, era precisamente la lucha a fondo contra la corrupción.

Una forma común de esta conducta inadecuada ocurre cuando los hombres en el poder disponen en su beneficio, y en el de sus favoritos, de los bienes públicos puestos a su cuidado. La operación se facilita cuando no hay suficientes y eficaces sistemas de control y métodos de transparencia que permitan el escrutinio público.

El Instituto Federal de Acceso a la Información es un buen intento de transparentar la función pública, pero las resistencias son poderosas.

Existen otras entidades donde la opacidad encubre sus manejos. Por ejemplo, todavía no es posible conocer a detalle el manejo presupuestal del Congreso. La propia Cámara de Diputados, que hace bien al vigilar al gobierno federal y forzarlo a la transparencia, hará mejor cuando se aplique a sí misma esa medicina.

Debe insistirse en la transparencia como medio para evitar la corrupción, pero también en el castigo de quienes han actuado mal con los bienes que la sociedad ha puesto en sus manos, sin importar de quien se trate.