La comisión legislativa es el espacio donde se dictaminan las leyes antes de su discusión y aprobación en el pleno; es donde toda la información relacionada con un tema es recabada para su discusión y análisis en nombre de todo el Poder Legislativo. En la Comisión de Derechos Humanos del Senado, por ejemplo, es donde se decidirá en próximos días quién será el nuevo ombudsman nacional, mientras que será la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados la que en breve seleccionará a los nuevos consejeros del IFE.

En suma, una comisión legislativa puede solicitar los estudios que favorezcan una propuesta o afecten a otra, decidir qué se discute o qué no. En pocos lugares se concentra tanto poder de veto o de voto sobre los asuntos de todos. Por eso el ciudadano y la opinión pública han de arrojar luz sobre lo que ocurre en estas instancias, cuya conformación y titularidad es negociada cada tres años por los partidos políticos como si fueran patrimonio propio.

Debemos vigilar las comisiones porque si la de Agricultura, por ejemplo, cae en manos de un líder corporativo, subordinaremos las prioridades del sector, de aquí hasta 2012, a los intereses clientelares de ese dirigente. El mismo riesgo implica que la comisión de Radio y Televisión sea dirigida por un empleado o ex empleado de una televisora.

La única manera de conjurar esta amenaza es asegurar que las designaciones obedezcan a criterios de profesionalismo y no de vinculación a los poderosos de cada rubro.

Lamentablemente, todo parece indicar que, esta vez, de nuevo fueron los intereses de grupo los que tomaron posesión de las comisiones legislativas.