Hay una zona franca para el tráfico de indocumentados, drogas y armas en propiedades particulares conectadas en ambos lados de la frontera con Guatemala. Esas fincas son también albergues de prófugos, mientras que en la frontera con Belice, como se publicó aquí en una serie de reportajes, el juego y el potencial lavado de dinero aparecen peligrosamente.

En tanto esa es la realidad, la Secretaría de Gobernación reconoce que el programa Frontera Segura con Respeto a los Derechos Humanos no concluyó en el plazo fijado ni tampoco se terminó el nuevo reglamento para las 48 estaciones migratorias, que dependen de la institución que dirige Francisco Ramírez Acuña. El subsecretario Florencio Salazar Adame admitió que la política migratoria enfrenta un alto nivel de dispersión y que necesita infraestructura y capacitación para los oficiales.

En cambio del lado de las organizaciones criminales mexicanas la expansión es incontenible, según el funcionario guatemalteco de inteligencia, Daniel Guerrero Méndez, que dirige el combate al narcotráfico.

Los pandilleros no sólo adquieren tierras, sino que financian los cultivos de amapola y tienen como jornaleros a campesinos. La importación de efedrina está descontrolada y a lo largo de toda la frontera hay laboratorios para procesar la droga, que luego es transportada por aire, mar y tierra a México y Estados Unidos.

Las autoridades de México y Guatemala intercambian información sobre estas actividades ilícitas, pero evidentemente hay que hacer más. No nos cansaremos de decir que el problema del narcotráfico es internacional y su solución requiere por tanto una acción coordinada entre todas las naciones involucradas, desde Honduras, El Salvador, Guatemala y México, hasta Estados Unidos.

En su reunión en Mérida, hace dos semanas, los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y George W. Bush coincidieron en la urgencia de combatir el consumo de drogas en el mercado estadounidense y en aumentar su colaboración en la lucha contra los cárteles transnacionales.

El decomiso de 205 millones de dólares es un ejemplo de esa colaboración, como han señalado autoridades de ambos países.

Para completar el cerco, es indispensable incorporar a los países centroamericanos en este esfuerzo internacional que tiene muchas de sus manifestaciones más violentas en la frontera sur.

No es ocioso insistir, junto a la demanda de acciones más enérgicas y vastas contra el crimen en el sur, que el requisito insoslayable para hacerlo es el apego riguroso a la ley en el trabajo policiaco, y el respeto a los derechos humanos en lo que toca a los trabajadores centroamericanos que emigran en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida. Mucho padecen ya en la travesía para añadirles más pena y que los mexicanos hagamos hacia el sur lo que nos hacen hacia el norte: ligar sin sustento migración y narcotráfico.