La organización, según publica el diario peruano La República, es dirigida desde Guayaquil y Cariamanga, en Ecuador, por el colombiano Rubén Castro Gómez, "El Gordo", quien tiene como coordinador en Perú al colombiano William Samboni Macías, "Calilla" y como jefes locales a Ricardo García Chinchay, "Coyote" o "Correcaminos", y a Elmer Lazo Torres, "El Negro".

Según el diario, "el 12 de noviembre pasado la policía intervino uno de sus laboratorios en una zona de difícil acceso de la sierra de Ayabaca, pero un jefe policial les advirtió y repelieron la acción policial y luego se dieron a la fuga".

La Fiscalía peruana determinó que esta "organización criminal está conformada por entre 40 y 60 personas, provistas de armas de largo alcance. Lanza granadas (RPG), granadas de mano y equipos de comunicación satelital", precisa la denuncia N° 209-2010 presentada por el fiscal, Luis Arellano Martínez.

La organización está dividida en dos grupos: uno se encarga del acopio y procesamiento de la droga en la línea de frontera; y el segundo, del traslado de la sustancia ilícita hacia el Ecuador, para ser comercializada en Europa o Estados Unidos.

Las labores de inteligencia descubrieron que esta organización paga hasta cinco mil dólares mensuales a las autoridades locales y a algunos policías.

Según el mismo diario, "esa situación demostraría por qué el mayor comisario de Ayabaca, Miguel Ángel Silva Burgos, les advirtió a tiempo de la intervención policial, en noviembre último, y se dieron a la fuga".

La Fiscalía peruana considera que estas bandas operan en la zona desde la década de los noventa y son responsables del asesinato de nueve policías y 16 civiles. Existe relación con la muerte de cuatro policías en el sector fronterizo de Anchalay y el asesinato del mayor Juan Benites Luna; y de las torturas y asesinato de los hermanos Vílchez Rycra, en el caserío de Charan, en el 2002, y en el 2007 de la emboscada a 17 policías en Socchabamba.