Saben que plantea una amenaza nada teórica a la convivencia pacífica y por lo tanto están decididos a enfrentarlo con todos los medios a su alcance. Naturalmente conmovida por el atentado del lunes en la capital, Santiago, que dejó un saldo de catorce heridos, algunos en condición grave, la presidenta Michelle Bachelet juró que "no le temblará la mano" y que aplicará "todo el peso de la ley" a los responsables que, se supone, pertenecen a una de las muchas bandas anarquistas que en los años últimos han perpetrado centenares de atentados en su país. Según Bachelet, Chile sigue siendo un país seguro a pesar de los intentos de desestabilizarlo de "terroristas y cobardes" capaces de perpetrar actos que califica de "abominables". Como es lógico, la presidenta no quiere que los terroristas logren deslustrar la imagen internacional del país transandino que, en opinión de muchos, ha sido el más exitoso de América Latina y que, para más señas, parece estar a punto de dejar atrás el subdesarrollo, aunque los beneficios del progreso no se han visto repartidos tan equitativamente como quisiera la mayoría.

Los delincuentes politizados que están provocando tanto malestar en Chile dicen estar librando una guerra contra un orden injusto, pero son los únicos que creen que la violencia serviría para mejorarlo. De su propia experiencia, la mayoría abrumadora de los chilenos ha aprendido que los más beneficiados por el extremismo terrorista "de izquierda" suelen ser los duros de "la derecha". En efecto, tanto la dictadura de Augusto Pinochet como la de Jorge Rafael Videla, en nuestro país, debieron su existencia en parte al temor a lo que podría suceder si alcanzaran el poder sujetos resueltos a llevar a cabo una sanguinaria revolución utópica. Por fortuna, no hay peligro de que la historia se repita, pero así y todo el gobierno de Bachelet no tendrá más alternativa que la de tomar medidas represivas. Lejos de forzar a la presidenta a prestar más atención a los problemas sociales que supuestamente preocupan a los anarquistas, los autores del atentado en el subte de Santiago de Chile acaban de obligarla a concentrarse en temas vinculados con la seguridad ciudadana. Hasta nuevo aviso, los socialistas chilenos tendrán que dar prioridad a la lucha antiterrorista, lo que harán fortaleciendo las leyes correspondientes que, desde luego, ya son más rigurosas que las vigentes en la Argentina.

En circunstancias determinadas, como las supuestas por una invasión extranjera o por la presencia de una dictadura cruel y arbitraria, el terrorismo puede tener sentido, pero en una democracia, incluso una tan imperfecta como la de la Argentina antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, siempre es una aberración. También lo es tratar de distinguir entre el "terrorismo de Estado" y el terrorismo de grupos no estatales, como ya se ha hecho rutinario aquí pero que, en el resto del mundo, es considerado inaceptable. Los motivos políticos que los terroristas se atribuyen no constituyen atenuantes sino, por el contrario, vuelven aún más grave lo que hacen. De difundirse la noción de que sea legítimo poner bombas en lugares públicos para protestar contra el orden imperante, ningún país se encontraría a salvo. Es del interés de todos, pues, que el gobierno chileno consiga capturar pronto a los autores del atentado en el subte santiaguino y que sean sentenciados a las penas máximas previstas por la ley antiterrorista. Si no logra hacerlo, se intensificaría el riesgo de que, en otros países latinoamericanos, se propague un clima parecido a aquel que, hace cuarenta años o más, estimuló el surgimiento de una multitud de agrupaciones terroristas que, bajo diversos pretextos, cometieron tantos crímenes horrendos que buena parte de la región no tardó en verse dominada por dictaduras militares que contarían con la aprobación inicial del grueso de sus habitantes.