Al perder el apoyo del grueso de la ciudadanía, el destino de la presidenta Dilma Rousseff depende de la voluntad de sus compatriotas de respetar, cueste lo que costare, las reglas propias del sistema político imperante. No se trata de algo muy confiable. Lo entiende el vicepresidente Michel Temer que, en una reunión supuestamente privada con empresarios, señaló que será "difícil" que Dilma logre mantenerse tres años más en el poder, como corresponde según la Constitución, ya que no hay motivos para suponer que sea capaz de hacer subir un índice de popularidad que en la actualidad se aproxima al 8%. Huelga decir que Temer no es el único dirigente brasileño convencido de que a menos que la mandataria opte por tirar la toalla, lo que a esta altura parece poco probable, Brasil sufrirá un período prolongado de agitación política que con toda seguridad tendría un impacto económico muy negativo. Comparte su opinión buena parte de la clase política de su país. Por lo demás, aun cuando la coyuntura internacional fuera favorable a Brasil, Dilma tendría que intentar corregir las muchas distorsiones ocasionadas por el optimismo excesivo de su propio gobierno y del de su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva, pero sucede que se le está haciendo cada vez más adversa. Ha llegado a su fin el gran boom de los commodities que tantos beneficios brindó a países exportadores de materias primas y productos agrícolas, mientras que los inversores que habían aprovechado las oportunidades así posibilitadas ya han comenzado a retirarse de los emergentes para buscar refugio en Estados Unidos y el norte de Europa.

El sistema presidencialista que tantos países latinoamericanos copiaron del estadounidense sólo funciona adecuadamente cuando el mandatario de turno disfruta de la aprobación de una proporción significante de la ciudadanía. Si por algún motivo la pierde, quienes se sienten defraudados no carecerán de pretextos para querer someterlo a juicio político. En Brasil, el escándalo desatado por la red de corrupción protagonizada por Petrobras ha brindado a los deseosos de deshacerse de Dilma todo cuanto necesitaban para legitimar una ofensiva multitudinaria en su contra. Puede que haya incidido aún más en el ánimo popular el ajuste que emprendió luego de triunfar en las elecciones presidenciales sobre la base de su presunta oposición principista a una alternativa tan terrible y antipopular, pero sería realmente insólito que un mandatario enfrentara un juicio político por haber engañado al electorado formulando promesas irrealizables.

El sistema parlamentario es más flexible que el presidencial y por lo tanto más apropiado para países en los que el clima político propende a cambiar de un año para otro. En América Latina la caída prematura de un gobierno no puede sino ser traumática, pero es rutinaria en Europa, donde predominan variantes del parlamentarismo. Bien antes de desplomarse el nivel de popularidad de un primer ministro hasta medir apenas el 8% ostentado por Dilma, se vería reemplazado sin que resultara preciso violar la Constitución local. Aunque el sistema parlamentario dista de ser perfecto, al facilitar los cambios de liderazgo y, lo que es más importante aún, hacer mucho más difícil la concentración del poder en manos de una sola persona o de una camarilla pequeña, es decididamente superior al presidencialismo exagerado tan típico de sociedades caudillistas. Con todo, aunque muchos políticos y juristas entienden muy bien que los constitucionalistas de la región cometieron un error muy grave cuando decidieron importar instituciones de origen estadounidense, los esfuerzos por modificar los sistemas –como el supuesto aquí por la introducción, en 1994, de la figura de jefe de Gabinete– no han prosperado, razón por la cual es de prever que no sólo en Brasil sino también en otros países latinoamericanos propendan a ser caóticos los intervalos entre un ciclo político y el siguiente.